La situación de la libertad de prensa en Argentina quedó bajo la lupa internacional este jueves en la Universidad de Miami. En una audiencia temática de alto voltaje ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una amplia coalición de organizaciones de la sociedad civil expuso con crudeza el retroceso democrático y el clima de hostilidad que enfrenta el periodismo desde la asunción del gobierno de ultraderecha de Javier Milei.
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Lo que quedó en evidencia fue un choque de diagnósticos. De un lado, el CELS, FOPEA, Amnistía Internacional y los principales sindicatos de prensa (SiPreBA, FATPREN) describieron un patrón sistemático de agresiones, criminalización y asfixia a los medios públicos. Del otro, la representación oficial del Gobierno intentó minimizar las denuncias, reduciendo la brutalidad policial y los ataques digitales a meras "situaciones aisladas".
"Deterioro veloz" y violencia estatal
Durante más de dos horas, la audiencia se convirtió en un catálogo de los abusos cometidos en los últimos once meses. Testimonios en primera persona, como los de los periodistas Julia Mengolini y Hugo Alconada Mon, y el fotógrafo Tomás Cuesta, ilustraron lo que las organizaciones definieron como un "deterioro veloz" de las condiciones para ejercer el periodismo en el país.
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Las cifras del Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA respaldaron los relatos: los ataques se han multiplicado, alimentados por un discurso de odio que baja desde la cima del poder ejecutivo y se replica en las redes sociales y en las calles. Las organizaciones sindicales fueron contundentes al denunciar la "normalización" del uso de balas de goma y gases lacrimógenos contra reporteros gráficos y cronistas durante la cobertura de la protesta social, una táctica represiva que busca invisibilizar el descontento en las calles. A esto sumaron el vaciamiento deliberado de medios públicos, con el cierre de la agencia Télam como emblema de la censura administrativa.
El negacionismo oficial
Frente a la contundencia de los datos, la respuesta del Estado argentino fue la negación. El subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Julio Baños, rechazó que existan "medidas regresivas" y defendió el accionar de las fuerzas de seguridad bajo el mando de Patricia Bullrich.
Baños insistió en que la violencia contra la prensa en las marchas no responde a una política deliberada, sino a eventos fortuitos, y reivindicó los "protocolos de uso de la fuerza". En una defensa que causó perplejidad entre los comisionados, el funcionario cuestionó que las organizaciones ampliaran la discusión hacia otros derechos vulnerados, intentando limitar el alcance de la audiencia.
La advertencia de la CIDH: "No son hechos singulares"
La estrategia defensiva del Gobierno no encontró eco en el organismo internacional. El tono de la CIDH fue de severa preocupación. Tania Reneaum Panszi, secretaria ejecutiva de la Comisión, desarticuló el argumento oficial advirtiendo que los casos presentados "no son hechos singulares", sino síntomas de una tendencia peligrosa donde convergen amenazas, criminalización y campañas de estigmatización.
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En un mensaje directo al estilo confrontativo del Presidente, el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca, recordó que "la palabra de un gobernante no es una voz cualquiera". Subrayó que, en el sistema interamericano, las autoridades tienen la obligación de no generar riesgos adicionales para quienes ejercen el periodismo.
Posible visita
La gravedad del panorama descripto motivó una intervención inusual del presidente de la CIDH, José Luis Caballero. El funcionario planteó públicamente el interés del organismo de realizar una visita in loco a la Argentina.
El objetivo sería evaluar en el terreno el estado de la libertad de expresión y el contexto de represión a la protesta social. Caballero advirtió que, si bien Argentina ha tenido un rol histórico en el sistema de derechos humanos, ese liderazgo implica someterse al escrutinio internacional cuando las denuncias de retrocesos son reiteradas.
Las organizaciones peticionarias cerraron la jornada exigiendo medidas concretas: el fin del uso de acciones judiciales para intimidar a voces críticas, la derogación de normas que restringen el acceso a la información pública y la implementación de protocolos seguros para coberturas periodísticas.
La audiencia dejó una conclusión inquietante: mientras el Gobierno insiste en presentar el conflicto como una disputa política por el "rumbo económico", la comunidad internacional comienza a ver en Argentina los rasgos de un modelo autoritario que ha elegido a la prensa crítica como su enemigo predilecto.
La preocupación de la CIDH sobre la situación de la libertad de expresión en Argentina
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión manifiestan su profunda preocupación por el deterioro sostenido y alarmante de la libertad de expresión y de prensa en la República Argentina.
La CIDH ha recibido información de un amplio conjunto de organizaciones periodísticas, sindicales, de derechos humanos y referentes académicos sobre un contexto de aumento significativo de ataques, amenazas, estigmatización y criminalización contra periodistas, trabajadores de prensa y medios de comunicación, así como sobre restricciones al derecho de acceso a la información pública. Estas denuncias incluyen agresiones físicas durante protestas y manifestaciones sociales, uso excesivo de la fuerza por parte de agentes estatales, detenciones arbitrarias, campañas de odio y desinformación impulsadas o amplificadas desde cuentas oficiales y por altas autoridades del Estado, así como el inicio de acciones judiciales con efectos amedrentadores.?
En particular, la Comisión y su Relatoría Especial tomaron nota de los datos aportados por organizaciones especializadas que dan cuenta de un incremento sustancial de los ataques a la prensa en los últimos años, incluyendo episodios de violencia física, amenazas en el entorno digital y formas de hostigamiento administrativo y judicial. Asimismo, se recibió información sobre medidas que habrían debilitado la institucionalidad democrática de la comunicación pública, como el desmantelamiento o vaciamiento de medios estatales y la modificación de marcos normativos que garantizaban el ejercicio del derecho a buscar, recibir y difundir información.?
La CIDH recuerda que, conforme a los estándares interamericanos, el discurso especialmente protegido comprende las expresiones sobre asuntos de interés público, la crítica a funcionarios y la labor periodística. Los Estados tienen la obligación de generar un entorno libre de violencia e intimidación para quienes ejercen el periodismo, y de abstenerse de promover discursos estigmatizantes que puedan traducirse en agresiones o en un mayor riesgo para la vida e integridad de periodistas y comunicadores. Cuando las autoridades públicas se refieren a la prensa desde una posición de poder, sus expresiones pueden tener un efecto inhibidor sobre el debate democrático.?
En lo que refiere al uso de la fuerza en manifestaciones, la Comisión recuerda que la protesta social es un elemento esencial de las sociedades democráticas y que los Estados deben garantizar que periodistas y reporteros gráficos puedan cubrirla sin ser objeto de agresiones, detenciones u obstaculizaciones indebidas. Cualquier uso de la fuerza debe observar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, y los hechos de violencia contra la prensa deben ser investigados con debida diligencia, sancionando a los responsables materiales e intelectuales.?
En cuanto a las denuncias sobre el uso de acciones judiciales y reformas normativas para restringir la libertad de expresión, la CIDH reitera que el derecho penal no debe ser utilizado como herramienta para intimidar o silenciar voces críticas, y que las normas sobre acceso a la información deben interpretarse de forma amplia, favoreciendo la transparencia y el control democrático sobre la gestión pública. Cualquier modificación regresiva que limite injustificadamente ese derecho es incompatible con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos.?
A la luz de la información recibida, la Comisión Interamericana exhorta al Estado argentino a:
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abstenerse de realizar declaraciones estigmatizantes que pongan en riesgo a periodistas, trabajadores de prensa y medios de comunicación;
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adoptar medidas efectivas para prevenir, investigar y sancionar los ataques contra la prensa, garantizando la reparación integral de las víctimas;
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revisar las normas y prácticas que puedan restringir de manera injustificada el acceso a la información pública o favorecer el uso abusivo de mecanismos judiciales contra periodistas;
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asegurar que los cuerpos de seguridad cuenten con protocolos adecuados para la cobertura periodística de protestas, de acuerdo con los estándares interamericanos.?
Finalmente, la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión manifiestan su disposición a realizar una visita a la Argentina para observar en terreno la situación de la libertad de expresión y sostener un diálogo constructivo con las autoridades y la sociedad civil. En este sentido, valoran el papel histórico de la Argentina en la construcción del sistema interamericano de derechos humanos y alientan al Estado a cooperar plenamente con los mecanismos de supervisión, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales.?
