Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot recurrieron a la Justicia para intentar suspender los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno eliminó la Ley de Tierras Rurales.
La presentación busca que vuelvan a aplicarse, mientras se resuelve la cuestión de fondo, las restricciones previstas para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Según informara P12, ambos dirigentes realizaron la presentación como ciudadanos y habitantes, y no en calidad de diputados.
Qué reclaman los legisladores
Además de la cautelar, Pichetto y Massot solicitaron una medida interina de carácter urgente. El objetivo es evitar que nuevas operaciones inmobiliarias queden consolidadas antes de que la Justicia pueda resolver el planteo principal.
Uno de los argumentos centrales de la presentación es que las compras realizadas durante la vigencia del artículo 154 podrían mantener sus efectos aun si posteriormente la Justicia o el Congreso modifican el escenario jurídico.
Según el planteo, una eventual transferencia posterior de esas propiedades podría dificultar su recuperación.
Qué pidieron sobre el registro de tierras
Los legisladores también solicitaron que continúe funcionando el Registro Nacional de Tierras Rurales y que se mantenga actualizada la información sobre las operaciones realizadas.
En particular, pidieron que el Ministerio de Justicia informe mensualmente al tribunal sobre las tierras adquiridas por extranjeros desde el 29 de septiembre.
Además, solicitaron que el Boletín Oficial publique una advertencia para dejar constancia de que la validez del artículo 154 del DNU 70/2023 está siendo analizada judicialmente.
Qué puede resolver ahora la Justicia
El primer paso será que el tribunal analice la medida interina solicitada y requiera al Estado el informe correspondiente.
A partir de ese trámite, la Justicia deberá decidir si suspende los efectos del artículo 154 mientras continúa el proceso principal o si dispone alguna de las alternativas planteadas por los demandantes.
La cautelar no resolvería por sí misma la cuestión de fondo sobre la vigencia de la Ley de Tierras Rurales, sino que determinaría qué ocurre provisoriamente mientras avanza el expediente.
El Congreso también tiene pendiente el debate sobre el DNU 70/2023
La discusión judicial se desarrolla en paralelo con el tratamiento legislativo del DNU 70/2023.
La Cámara de Diputados tiene solicitada una sesión especial para el 15 de octubre de 2026, en la que está incluido el análisis del decreto.
El Senado había rechazado el DNU en marzo de 2024. Sin embargo, ese rechazo no alcanza por sí solo para dejar sin vigencia la norma.
