Por Cristina GalassoLas escuelas privadas de CABA ya no podrán excluir a estudiantes con discapacidad
Una sentencia histórica termina con la discriminación de las personas con discapacidad en escuelas de gestión privada de la Ciudad.
30 de junio de 2022 - 15:21
Por Cristina Galasso
En 2019, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, con el asesoramiento de la Clínica Jurídica del Centro de Derechos Humanos (CDH) de la Facultad de Derecho de la UBA, demandó judicialmente al Ministerio de Educación de CABA, solicitando que se adopten las medidas necesarias para evitar los rechazos de inscripción por motivos de discapacidad en las escuelas comunes de gestión privada localizadas en dicha jurisdicción.
Ahora, una setencia histórica consagró ese acceso al derecho a la educación de personas con discapacidad.
La setencia "histórica" ordenó a la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, algunas medidas provisorias para poner fin a esta situación y de imponerle multas por sus reiterados incumplimientos.
El pasado 23 de junio, el Juzgado nro. 6 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, a cargo de la jueza Patricia Lopez Vergara, dictó sentencia haciendo lugar a la acción presentada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.
En su decisión, declaró la inconstitucionalidad de la conducta omisiva del gobierno de Horacio Larreta y le ordenó presentar una propuesta de política pública para garantizar el derecho a la educación inclusiva en el plazo de 30 días.
La magistrada afirmó, además, que la mencionada propuesta debe contemplar, como mínimo: el establecimiento de un protocolo de inscripción que evite la discriminación por motivos de discapacidad; la creación de un procedimiento para el control de los establecimientos educativos, y de canales específicos, accesibles y eficaces para denunciar los rechazos de inscripción; la adopción de medidas de difusión para informar a personas con discapacidad y sus familias; y la producción de información que permita monitorear las políticas implementadas.
La jueza consideró que la prueba presentada era contundente y resaltó que el Estado se constituye en el principal obstáculo para el ejercicio del derecho a la educación inclusiva, por cuanto a través de su inacción “parece querer segmentar, encasillar, aislar, segregar, en definitiva, deshumanizar, los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las personas con discapacidad”.
Según la demanante, "esta decisión judicial marca un antes y un después en el movimiento de lucha en pos de este derecho. Refleja un Poder Judicial que escuchó los reclamos históricos de las personas con discapacidad y sus familias y se hizo eco de ellos. Constituye un punto de partida para transformar las políticas públicas y alcanzar, de una vez por todas, la justicia educativa".
Las instituciones educativas de gestión privada de CABA negaban sistemáticamente el ingreso de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, y con la complicidad del gobierno de Larreta, quien omitía controlarlas y sancionarlas.
"Desde la asociación argumentamos que dichas conductas vulneraban el derecho a la educación inclusiva reconocido en el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado internacional que Argentina ratificó en el año 2008 y que goza de jerarquía constitucional desde 2014", señalaron los demantes en una declaración a la prensa.
