Después de reuniones presenciales y virtuales, largas videoconferencias cara a cara entre Martín Guzmán y Alberto Fernández con la poderosa gerente del FMI Kristalina Gueorguieva, además de tironeos que parecían interminables, el gobierno argentino finalmente logró firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Según el comunicado oficial del Ministerio de Economía, los principales puntos del acuerdo por la deuda tomada por el gobierno de Mauricio Macri son los siguientes:
* El acuerdo comenzará a estar activo una vez que lo apruebe el Congreso de la Nación y lo refrende luego el directorio del FMI.
* Habrá 10 revisiones que serán trimestrales durante dos años y medio.
* Argentina hará su primer pago al FMI luego de que el directorio del Fondo apruebe el acuerdo. Los restantes serán luego de completarse cada revisión trimestral.
* El período de repago de cada desembolso es de 10 años, con un período de gracia de 4 años y medio: la deuda comenzará a pagarse en 2026 y hasta 2034.
* El Banco Central comenzará un proceso intenso de acumulación de reservas que, según Economía, "le otorgará al Estado mayor autonomía en la ejecución de políticas públicas".
* Se descartan movimientos bruscos en la estabilidad cambiaria aunque se prevé una suba del dólar oficial para ir emparejándolo con el blue (que a su vez se espera que baje en simultáneo, aunque poco).
* Se pondrá el foco en uno de los pedidos centrales del FMI: el ajuste fiscal, anunciado por Hacienda como el avance hacia "una consolidación fiscal".
* Habrá una crecimiento lento del gasto real y se buscará fortalecer el crédito y el peso.
* El Gobierno trabajará para conseguir un déficit primario del 2,5% del PBI en 2022. 1,9% en 2023 y 0,9% para el 2024.
* Se anunció especial atención “en abordar la pobreza infantil y reorientando el apoyo para promover la inclusión en el mercado laboral, particularmente de las mujeres y las personas con menor calificación laboral”.
* Se asegura que el acuerdo "no prevé ninguna reforma previsional".
* Se afincará el sistema de aumento de tarifas para los servicios públicos de gas y electricidad, "conforme a los parámetros objetivos que correspondan en cada caso".
