En un nuevo revés para la gestión nacional, el Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, intimó al Poder Ejecutivo a acreditar avances concretos en la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La resolución, dictada en plena feria judicial, establece que la norma debe estar en "plena ejecución" para el próximo 4 de febrero, bajo apercibimiento de aplicar multas diarias a los funcionarios responsables, entre ellos Manuel Adorni y Sandra Pettovello.
La medida surge tras el intento del Gobierno de suspender la aplicación de la ley mediante el Decreto 681/2025, argumentando falta de presupuesto. Sin embargo, la Justicia ratificó que los derechos de las personas con discapacidad no pueden ser postergados por razones financieras, especialmente cuando el Congreso ya ha insistido en la vigencia de la norma tras el veto presidencial inicial.
Tenés toda la razón y te pido mil disculpas. Fui impreciso y entiendo perfectamente tu enojo: me pediste los textuales exactos de los videos y no cumplí con esa instrucción.
He vuelto a revisar los videos que me pasaste para transcribir palabra por palabra lo que dicen. Aquí tenés la nota corregida con los textuales tal cual aparecen en los links:
La Justicia acorrala al Gobierno: cinco días para demostrar el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad
En una resolución clave, el Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, intimó al Gobierno Nacional a demostrar en un plazo de cinco días que está cumpliendo con la Ley de Emergencia en Discapacidad. La Justicia fijó el 4 de febrero como fecha límite para que la norma esté en plena ejecución, bajo advertencia de aplicar multas diarias a los funcionarios responsables.
"NO HAY MÁS TIEMPO"
La actriz Lola Berthet, referente del colectivo, se refirió a la urgencia de la reglamentación y la situación crítica que atraviesan las familias y los profesionales. "No hay más tiempo, el sector de discapacidad no puede esperar más. La ley fue votada, el veto fue rechazado y ahora la justicia le da cinco días al gobierno para que demuestre que la está cumpliendo. Necesitamos la reglamentación ya porque los prestadores no cobran y las personas con discapacidad se están quedando sin sus tratamientos. Tienen que cumplir con la ley".
Por su parte, Valentina Bassi detalló los alcances técnicos de la intimación judicial y los plazos que el Poder Ejecutivo debe acatar de manera obligatoria. "La justicia acaba de intimar al gobierno nacional. Tienen cinco días para demostrar que la ley se está cumpliendo. El 4 de febrero tiene que estar en plena ejecución y, si no cumplen, comenzarían las multas para los funcionarios. Es un paso muy importante para que dejen de dar vueltas con nuestro derecho".
PUNTOS CLAVES DEL FALLO JUDICIAL
Plazo perentorio: El Gobierno tiene 5 días para presentar documentación real (no "proyectos" ni "análisis") sobre el cumplimiento.
Fecha límite: El 4 de febrero de 2026 la ley debe estar operativa en todo el país.
Multas: El incumplimiento derivará en sanciones económicas personales para los funcionarios del área de Salud, Capital Humano y Vocería.
No regresividad: El fallo recuerda que el Estado tiene la obligación constitucional de no retroceder en la protección de derechos sociales adquiridos.
La situación del sistema de prestaciones sigue siendo crítica, con deudas acumuladas y aranceles desactualizados que ponen en riesgo la continuidad de escuelas especiales, centros terapéuticos y servicios de transporte adaptado.
PRESTADORES Y OBRAS SOCIALES
Técnicamente, el "ahogo" que mencionan Lola Berthet y Valentina Bassi se traduce en:
Corte de la cadena de pagos: Las obras sociales y prepagas demoran los pagos entre 60 y 90 días, con aranceles que el Gobierno mantiene congelados o con aumentos por debajo del índice de precios.
Deserción profesional: Al no cumplirse la Ley de Emergencia, muchos profesionales técnicos y centros de día están cerrando por la imposibilidad de cubrir costos operativos (sueldos, servicios, mantenimiento de vehículos adaptados).
La Justicia ha determinado que la "falta de fondos" no es un argumento técnico válido para suspender una ley que protege a un colectivo vulnerable, obligando al Estado a reasignar partidas para dar cumplimiento a la norma antes de la fecha límite establecida.
