La Justicia asestó un golpe político y jurídico al oficialismo. en lo puntual a la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al declarar la nulidad del protocolo antipiquetes que se impuso para criminalizar la protesta social y endurecer la respuesta estatal.
El fallo del juez Martín Cormick, a partir de un amparo del CELS, remarca algo elemental en cualquier república: el Poder Ejecutivo no puede arrogarse la facultad de limitar derechos constitucionales mediante una simple resolución administrativa.
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El esquema de Bullrich habilitaba la intervención inmediata y represiva de las fuerzas de seguridad ante cortes de calle, bajo la idea de “delito en flagrancia”, transformando la protesta en un problema penal y dejando a los jueces al margen de decisiones que les son propias. Cormick no solo desarma esa lógica, sino que devuelve a la Justicia la potestad de autorizar o no el uso de la fuerza, frenando así el intento del Gobierno de gobernar la calle por decreto y con las fuerzas de seguridad como herramienta política.
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El magistrado también cuestionó las tareas de inteligencia previstas en el protocolo —registros fílmicos, fotográficos y seguimientos sobre manifestantes— por violar la Ley de Inteligencia Nacional, que prohíbe relevar y almacenar información sobre ciudadanos por sus ideas políticas o pertenencia organizativa. El fallo advierte, además, que la norma no contemplaba la protección específica de grupos vulnerables, como niños, adolescentes, adultos mayores o personas con discapacidad, lo que desnuda la mirada puramente represiva del dispositivo oficial.
Al ordenar al Ministerio de Seguridad abstenerse de aplicar el protocolo y ajustar su accionar al Código Procesal Penal, la resolución deja expuesto el avance del Ejecutivo sobre garantías básicas con la excusa del “orden público”. El Gobierno aún puede apelar, pero el mensaje político es claro: el intento de disciplinar la protesta a golpe de resolución y policía choca con los límites que marca la Constitución, aun cuando el oficialismo insista en presentar la movilización social como un enemigo a derrotar.