La jueza federal María Eugenia Capuchetti rechazó este lunes la última recusación presentada por la querella de la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa en la que se investiga el intento de atentado en su contra, según lo informado por fuentes judiciales.
¿De qué se trataba la recusación? De un planteo de la defensa de la vicepresidenta, los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, quienes pusieron de manifiesto una supuesta imparcialidad de la jueza luego de que trascendiera que realiza labores académicas a través de un 'trabajo' rentado en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISPP) de la ciudad de Buenos Aires, cuando está establecido por decreto la incompatibilidad de “la magistratura judicial con toda actividad política” y de “cualquier actividad profesional”.
"Anoche se presentó recusación contra la jueza Capuchetti por su dependencia con el Ministerio de Seguridad de CABA, el mismo que cercó mi casa con vallas e hizo inteligencia en mi domicilio antes y después del atentado", escribió la exmandataria en sus redes sociales el pasado 9 de enero, cuando anunció el escrito recusatorio.
En épocas de derechas violentas, anoche se presentó recusación contra la Jueza Capuchetti por su dependencia con el Ministerio de Seguridad de CABA, el mismo que cercó mi casa con vallas e hizo inteligencia en mi domicilio antes y después del atentado.https://t.co/ty0TjqBV2J
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) January 9, 2023
Podés leer la recusación completa acá.
Al responder la recusación, la jueza sostuvo que no estaban dadas las causales para apartarla, según consta en la resolución de cuatro páginas, consignó un cable de Télam.
"La parte recusante invoca actividades académicas generadoras de supuestos vínculos con funcionarios locales, desplegando un amplio espectro de cuestiones sin más desarrollo que su sola mención, sin profundizar en el presunto interés que guardaría la suscripta y el motivo por el cual debería ser apartada para entender en estos actuados", enfatizó la magistrada.
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Por su parte, Martín Soria redactó los primeros días de enero un hilo en la red social Twitter, en el que explica con claridad el decreto que desautoriza a que quien sostenga un cargo en la magistratura a tener otras actividades, a excepción de la docencia:
La jueza Capuchetti está contratada por el Gobierno de Larreta desde 2019 en el órgano encargado de asesorar a la conducción política de Seguridad de CABA: el ministerio de D´Alessandro. Los vínculos económicos y políticos entre Comodoro Py y el PRO parecen no tener límite alguno pic.twitter.com/arYxSe0mi9
— Martin Soria (@MartinSoria_) January 6, 2023
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La legisladora porteña del Frente de Todos Claudia Neira también dio su palabra al respecto de la designación de Capuchetti como investigadora Senior en el ISPP:
"Es llamativo que la jueza está recibiendo dinero de la gente a la que tiene que investigar. Tuvimos que ampliar la recusación cuando nos enteramos que la jueza Capuchetti recibía dinero del ministerio", señaló Ubeira en declaraciones radiales.
Por otro lado, Neira explicó que el FdT porteño está "intentando acceder" a los motivos que dio el ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo D'Alessandro, para tomarse licencia, luego que se filtraran supuestos chats que mantuvo con Silvio Robles, vocero del titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.
En otro orden de cuestiones, la resolución de Capuchetti fue firmada el jueves pasado, mientras que esta semana está previsto que se le amplíe la declaración indagatoria a Nicolás Gabriel Carrizo, conocido como el 'jefe' de los vendedores de algodón de azúcar, detenido y procesado por intento de atentado contra la Vicepresidenta.
Carrizo está considerado un partícipe secundario en el caso, que tiene como principales acusados a los supuestos coautores del ataque contra Cristina Fernández, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte.
Para la querella, Carrizo pudo haber tenido otro rol en la planificación del ataque por lo que en su momento reclamó la ampliación de la indagatoria a partir de los mensajes que se hallaron en su teléfono celular, en los que se atribuía participación en el plan homicida.
La primera de las recusaciones planteada contra Capuchetti, en tanto, ya llegó a la Cámara Federal de Casación Penal, donde quedó en manos del juez Guillermo Yacobucci.
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