La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados citó hoy para el próximo 4 de julio a Silvio Robles, colaborador del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; y a Marcelo D'Alessandro para que expongan en relación con el fallo del máximo tribunal por la coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires.
También acordó invitar para la próxima reunión de ese cuerpo, el 27 de junio, al ministro del Interior, Eduardo 'Wado" De Pedro, y a gobernadores y fiscales, también por el mismo caso.
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La presencia de los gobernadores y de De Pedro fue anunciada esta tarde por la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (FDT-Entre Ríos).
Gaillard precisó además las citaciones del 4 de julio a D'Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos, y a Robles, en el marco del juicio político a los cuatro ministros de la Corte.
Para la próxima reunión serán citados además el subprocurador del Tesoro, Horacio Diez, así como fiscales vinculados a la causa sobre la coparticipación.
Previamente, con voto mayoritario del oficialismo, la comisión decidió citar al ministro de la Corte Juan Carlos Maqueda, para que en 10 días hábiles responda en forma personal o por escrito sobre las acusaciones en su contra por el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn) en su condición de superintendente de ese organismo.
Gaillard adelantó que se realizarán "4 o 5 audiencias" sobre coparticipación, tras lo cual se continuará con la investigación sobre presuntas irregularidades de la Corte en torno al Consejo de la Magistratura.
Una de las líneas de investigación sostenida por el oficialismo es que la resolución judicial por los fondos destinados a la ciudad de Buenos Aires (que habían sido redistribuidos por el Gobierno de Alberto Fernández) benefició al Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta luego de negociaciones entre Rosatti y la administración porteña a través de Robles.
Esa situación, recordaron, se dio a fines del año pasado, cuando los integrantes de la Corte firmaron una medida cautelar que ordenó al Gobierno nacional que aumentara a 2,95% el monto de la coparticipación para el distrito capitalino.
La comisión debatió en primer término una resolución para citar a Maqueda, para que en 10 días hábiles, en forma presencial o por escrito, responda sobre las acusaciones de supuestas irregularidades en Ospjn. El plazo que tendrá el magistrado será hasta el 6 de julio.
La propuesta del Frente de Todos de citar a Maqueda fue avalada por 16 votos luego de la lectura de los cargos contra el magistrado, donde el oficialismo logró imponer su mayoría ante el rechazo de la oposición a ese planteo.
La resolución, de 53 carillas, dispone asimismo la creación de una subcomisión para continuar con la investigación respecto de "las irregularidades en la causa obra social y las responsabilidades que puedan corresponder a los demás ministros", que la oposición adelantó no integrará.
Desde Juntos por el Cambio, el diputado del PRO Pablo Tonelli anticipó el rechazo de ese bloque a la citación a Maqueda y dijo que las supuestas irregularidades en el funcionamiento en el ente de salud judicial "no son más que vicios, defectos o errores que ocurren en todas las obras sociales del país".
"Están lejísimo de constituir mal desempeño", dijo, y advirtió sobre la "falta de correspondencia entre los cargos y las pruebas".
El macrista Tonelli dijo que el verdadero origen del problema es que "el decreto 735 fue inconstitucional e ilegal, porque la plata que se le sacó a la Ciudad de Buenos Aires se la dio a la provincia de Buenos Aires, y al resto de las provincias se ve que eso no les molestaba".
Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, acusó al oficialismo de "estar buscando que Maqueda renuncie para tener dos vacantes de acá a las elecciones".
Y sostuvo que "lo único que hacen es que se quede más, pienso que hasta se equivocan en la maniobra política", al anticipar que no acompañaría la resolución.
López añadió que "millones de bonaerenses se atienden en esta Ciudad, (vienen) de las provincias", aludiendo a los costos que afronta la Capital Federal y en un intento por justificar la necesidad de que tenga una mayor coparticipación. Y adelantó: " Nosotros no vamos a proponer testigos, no nos vamos a prestar a eso. Hagan lo que quieran. A partir de la otra semana, nos verán acá cuidando la legalidad cuando sea necesario".
"Pretender desmerecer un trabajo, sosteniendo que esto ocurre en todos lados, me parece un argumento francamente débil", respondió el diputado del FDT Leopoldo Moreau, quien afirmó que "no estamos discutiendo el funcionamiento de todas las obras sociales sino el juicio político a la Corte Suprema. Estamos hablando de la cabeza de uno de los poderes de la República".
Su compañera de bancada y sindicalista judicial Vanesa Siley precisó que "esto no es una imputación. No se le puede asemejar a ninguna figura procesal" y agregó que "no hubo ninguna imputación a nadie", a la vez que dijo que "este escándalo no lo inventó este bloque, sino que saltó a la luz, se cayó de maduro".
"El problema venía existiendo y surgió o bien por una interna de la Corte o por las causas penales y las propias denuncias. Por eso la Corte mandó a hacer la auditoría", añadió.
Siley sostuvo que "el período Maqueda (en la obra social) no lo elegimos nosotros, lo mandó a auditar la Corte. Fue la propia Corte que auditó el periodo donde Maqueda estuvo a cargo hasta su renuncia".
En torno al fallo de la Corte sobre coparticipación, el encargado de exponer sobre la cuestión fue el diputado del FDT Marcelo Casaretto, exministro de Economía de Entre Ríos, quien sostuvo que "venimos a presentar la solicitud del juicio político a los integrantes de la Corte, (que falló) en favor de uno de los distritos más ricos en contra de la Nación, de las provincias y en contra de un país federal".
"Lo que plantea la cautelar (de la Corte en favor de la CABA) es hacer un promedio entre lo que reclama la Ciudad, el 3,5% (de coparticipación), y lo que está pagando el Estado, lo que resulta un 2,95% de forma transitoria y eso hace que se sigan concentrando recursos en favor de la Ciudad", agregó Casaretto.
Casaretto disparó duro contra la oposición al señalar: "¡Ustedes nos quisieron vender a (Fernando) De la Rúa jefe de Gobierno y presidente, y fracasó; nos quisieron vender a Macri jefe de Gobierno y presidente, y fracasó!… Y ahora nos quieren vender a Horacio Rodríguez Larreta y nosotros vamos a ser una alternativa…No se prueben el saco antes de tiempo, el que quiera ser gobernar que gane, que gane en las elecciones".
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El también oficialista Eduardo Valdés se preguntó por qué la Corte Suprema antes de dictar el fallo ¿"no citó a ninguno de los gobernadores que se habían presentado como amicus curiae? Son 15 los gobernadores que la Corte desoyó por sacar con urgencia este fallo a favor de la Ciudad de Buenos Aires".
Su compañero de bancada Rodolfo Taihlade dijo que "la hipótesis principal que nosotros tenemos que investigar es el acuerdo y la complicidad, o si se quiere, la connivencia entre la Corte Suprema y un sector político que conduce el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires". Y dijo que existió "un acuerdo espurio".
"El Presidente (Alberto Fernández) no instruyó a los diputados a iniciar el juicio político cuando salieron los fallos del Consejo de la Magistratura o coparticipación, sino cuando aparecieron los chats entre Marcelo D'Alessandro y Silvio Robles", abundó.
