Las nuevas normas sobre el rescate de inmigrantes en el Mediterráneo impulsadas por el Gobierno de Italia fueron objetadas hoy por 20 ONGs que sostuvieron que van contra el derecho internacional y advirtieron que provocarán más muertes, informó la prensa internacional.
Con el nuevo decreto, que entró en vigor esta semana, los barcos deben dirigirse "sin demora" al puerto italiano asignado después de cada rescate, lo que limitará el número de personas que pueden ayudar, indicaron las organizaciones no gubernamentales.
El Parlamento italiano tiene dos meses para convertir el decreto en ley y en ese lapso podría introducir cambios.
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Los buques suelen llevar a cabo múltiples operaciones de salvamento de migrantes en situaciones de emergencia en su intento de cruzar el mar.
"El decreto-ley italiano contradice el derecho marítimo internacional, los derechos humanos y el derecho europeo", criticaron los grupos, entre ellos Médicos sin Fronteras (MSF), en un comunicado conjunto.
Alertaron que "la menor presencia de barcos de rescate inevitablemente resultará que más personas se ahoguen trágicamente en el mar".
El nuevo Ejecutivo italiano de la primera ministra Giorgia Meloni se comprometió a impedir que los buques realicen lo que considera un servicio de "ferry" desde el norte de África.
Pero la orden de "proceder de inmediato a un puerto, mientras otras personas están en peligro en el mar, contradice la obligación del capitán de prestar asistencia inmediata a las personas en dificultad", como establece el derecho marítimo internacional, prosiguieron.
El problema se vio agravado por la práctica de Roma de asignar los puertos a las embarcaciones más lejanos de las áreas de búsqueda y rescate, agregaron.
"Ambos factores están diseñados para mantener a los buques de búsqueda y salvamento (SAR) fuera del área de rescate por periodos prolongados y reducir su capacidad para ayudar a las personas en peligro", refirieron.
El decreto también establece que las organizaciones deben comenzar a recopilar información de las personas rescatadas sobre sus posibles solicitudes de asilo y compartir los datos con las autoridades italianas.
Pero estas consideran que se trata de un "deber de los Estados iniciar este proceso", reportó la agencia de noticias AFP.
Además, los capitanes de buques que incumplan las nuevas normas se enfrentarán a multas de hasta 50.000 euros e, incluso, pueden ver confiscados sus embarcaciones.
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