Human Rights Watch (HRW) publicó este miércoles un informe titulado "Castigados por buscar un cambio", en el que documenta el crecimiento virulento de la represión en Venezuela luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
El informe detalla asesinatos, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias cometidas por el gobierno de Nicolás Maduro y grupos armados afines, conocidos como "colectivos", contra manifestantes y opositores políticos.
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Según HRW, al menos 25 personas fueron asesinadas durante las protestas que siguieron a los comicios, la mayoría jóvenes de barrios populares.
Las fuerzas de seguridad y los "colectivos" (fuerzas parapoliciales a la orden del Gobierno) fueron identificados como responsables de estos crímenes. Además, más de 2.000 personas fueron detenidas arbitrariamente, incluyendo adolescentes, defensores de derechos humanos y críticos del gobierno, muchos de los cuales enfrentan cargos de "terrorismo" e "incitación al odio".
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El informe también destaca el uso de tácticas represivas como la "Operación Tun Tun", que implica detenciones masivas y allanamientos sin orden judicial, y la aplicación VenApp, utilizada para que ciudadanos denuncien a supuestos opositores. Estas acciones mantienen en el país un clima de miedo generalizado y han restringido aún más el espacio cívico en el país.
HRW señala que las elecciones carecieron de transparencia e integridad, con observadores internacionales cuestionando los resultados oficiales que dieron la victoria a Maduro. El Consejo Nacional Electoral no publicó las actas de escrutinio ni permitió auditorías independientes, mientras que las actas difundidas por la oposición indicaban un triunfo del candidato Edmundo González.
La organización también denuncia la impunidad reinante, con un poder judicial cooptado por el ejecutivo y sin investigaciones efectivas sobre las violaciones de derechos humanos. En este contexto, HRW insta a la comunidad internacional a imponer sanciones selectivas a funcionarios responsables y a apoyar mecanismos de justicia internacional, como la investigación en curso de la Corte Penal Internacional sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Este informe se suma a las crecientes denuncias sobre la situación de derechos humanos en Venezuela y refuerza los llamados a una respuesta internacional coordinada para presionar al régimen de Maduro a cesar la represión y restaurar el orden democrático en el país.
