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Duro revés judicial para Milei: deberá girar fondos al Banco de Datos Genéticos

La administración nacional confirmó una ampliación presupuestaria para sostener el funcionamiento del organismo encargado de identificar hijos de desaparecidos durante la última dictadura. La decisión llegó después de una medida cautelar impulsada desde la Justicia federal.

Las claves

  • La Justicia intervino por la crisis presupuestaria del Banco Nacional de Datos Genéticos.
  • El Gobierno anunció una ampliación de partidas por 590 millones de pesos.
  • El organismo realiza análisis para identificar hijos de desaparecidos.
  • Ramos Padilla ordenó garantizar el funcionamiento del banco genético.
  • Abuelas de Plaza de Mayo denunció desfinanciamiento.
  • El conflicto se originó tras advertencias internas sobre falta de insumos.
  • La Casa Rosada cuestionó la cautelar judicial y habló de “división de poderes”.
  • El Banco conserva alrededor de 32.000 muestras biológicas.

La Justicia intervino por la situación del Banco Nacional de Datos Genéticos

El Gobierno nacional confirmó que reforzará el presupuesto destinado al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), luego de la intervención del juez federal Alejo Ramos Padilla. La medida surgió en medio de una fuerte preocupación por la continuidad operativa del organismo encargado de realizar análisis genéticos vinculados a la búsqueda de hijos de desaparecidos durante la última dictadura militar.

La decisión se formalizó a través de una presentación judicial realizada por la Jefatura de Gabinete, donde se informó la asignación de 590 millones de pesos adicionales para sostener las actividades del organismo.

Desde Abuelas de Plaza de Mayo advertían desde hace semanas sobre problemas de financiamiento y dificultades para continuar con las tareas técnicas y científicas.

El conflicto comenzó tras advertencias internas

La crisis tomó estado público el 8 de mayo, cuando la directora técnica del organismo, Mariana Herrera Piñero, comunicó que el laboratorio ya no podía seguir recibiendo muestras biológicas por falta de recursos e insumos esenciales.

Días después, la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado y la Unidad de Derechos Humanos de La Plata solicitaron la intervención judicial para garantizar la continuidad del servicio.

Frente a ese escenario, Ramos Padilla dictó una medida cautelar interina el 14 de mayo y ordenó al Poder Ejecutivo asegurar el funcionamiento del organismo.

En su resolución, el magistrado definió al BNDG como un “organismo técnico esencial e irremplazable”.

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Qué fondos recibirá el organismo

Según la presentación oficial, el refuerzo presupuestario cubrirá distintos gastos operativos y técnicos que resultaban indispensables para mantener activo el sistema de análisis genéticos.

Entre los puntos incluidos figuran:

  • Compra de reactivos y materiales de laboratorio.
  • Servicios de mantenimiento edilicio.
  • Limpieza y vigilancia.
  • Pago de servicios básicos.
  • Reparación de freezers y equipos científicos.
  • Viáticos y traslados para toma de muestras en distintos puntos del país.

La documentación presentada ante la Justicia reconoció que varios de esos recursos registraban faltantes desde marzo.

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El Gobierno cuestionó la cautelar judicial

Pese al anuncio presupuestario, la administración nacional cuestionó la intervención de Ramos Padilla y sostuvo que la medida representa una “flagrante y grave violación al principio de división de poderes”.

Además, desde el oficialismo apuntaron contra la directora del organismo y cuestionaron la actuación del Ministerio Público Fiscal por impulsar la presentación judicial.

La causa también sumó otra presentación del Ministerio de Justicia, que pidió quedar excluido del expediente judicial.

El rol del Banco Nacional de Datos Genéticos

El BNDG funciona desde 1987 y surgió por impulso de Abuelas de Plaza de Mayo durante el gobierno de Raúl Alfonsín. El organismo conserva unas 32.000 muestras genéticas vinculadas a investigaciones por apropiación ilegal de menores durante la dictadura.

Su tarea resulta clave para las causas judiciales relacionadas con identidad y derechos humanos.

En paralelo, distintos jueces federales solicitaron garantías para continuar con estudios genéticos y cotejos de ADN en investigaciones abiertas.

 



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