La Argentina presentó el desarrollo de sus políticas de género ante el Foro Generación Igualdad organizado por los gobiernos de México y Francia. En París y bajo el paraguas de la ONU, se realiza esta nueva edición de un encuentro mundial que desde hace unos 25 años se posicionó como un espacio relevante para el debate sobre las políticas de género y es convocado por la unidad Mujeres de las Naciones Unidas.
Mediante una videollamada, el presidente Alberto Fernández destacó la decisión de su gobierno al "jerarquizar" y dar "un lugar preponderante de la agenda pública" a los temas de género con la creación del Ministerio de las Mujeres. Luego, y ante sus pares de diferentes países, el jefe del Estado hizo un repaso de las políticas implementadas que colocan al país a la vanguardia en el mundo.
Entre estas políticas destacó la ley de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que se acompañó de otra norma, que es la de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, conocida como la Ley de los 1.000 Días, ambas enviadas por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación para su tratamiento y sanción, y ya en vigencia.
Tal como publica Telam y respecto al IVE, el Presidente fue contundente al sostener que como consecuencia de esa ley "nunca más una mujer o persona con capacidad de gestar pone en riesgo su vida o su salud en un aborto clandestino"; y agregó en su mensaje que Argentina cuenta con "normas, programas, mecanismos y gabinetes especializados" para dar asistencia a las mujeres que se encuentran en la situación de querer interrumpir su embarazo.
Ante el foro integrado por Jefes de Estado, de Gobierno, altas autoridades, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, Fernández mencionó también la existencia de un "Gabinete nacional para la Transversalización de las Políticas de Género en la Administración Pública Nacional" que busca "garantizar la incorporación de la perspectiva de género y diversidad en todas las políticas públicas del Estado nacional".
En el mismo sentido, se refirió también a la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género, diversidad y violencias de género de las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, en todas sus jerarquías, niveles y jurisdicciones.
También, en los últimos 18 meses, el Gobierno elaboró Planes Nacionales de Acción contra las Violencias por Motivos de Género y de Igualdad en la Diversidad que definen los lineamientos para diseñar, elaborar y monitorear políticas públicas de prevención, asistencia y protección de las violencias por motivos de género e intervención estratégica para superar las desigualdades estructurales de género.
A nivel nacional, también se formalizó el Acuerdo Federal para una Argentina Unida contra las Violencias de Género, en el que las 24 jurisdicciones se comprometieron a integrar el Consejo Federal para la prevención y el abordaje de femicidios, travesticidios y transfemicidios.
También se formalizó el cupo laboral Travesti-Trans en el Sector Público Nacional y, recientemente, se sancionó la ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero "Diana Sacayán-Lohana Berkins" que establece su inclusión laboral en al menos el 1% de los cargos en todo el Estado Nacional, y prevé incentivos para el sector privado.
Además, se lanzaron programas para el fortalecimiento de la independencia económica y para la asistencia legal para personas en situación de violencia de género.