Las claves
- La Justicia suspendió la venta del 90% de las acciones de AySA.
- La medida cautelar fue dictada por el juez Mariano López.
- El fallo exige determinar previamente el pasivo ambiental de la empresa.
- La presentación fue impulsada por el Defensor del Pueblo bonaerense.
- El magistrado cuestionó aspectos del esquema regulatorio planteado.
- También existen cuestionamientos sobre las tasaciones de empresas estatales.
- El Tribunal de Tasaciones quedó bajo observación por procedimientos internos.
- Nucleoeléctrica, Transener, Belgrano Cargas e Intercargo aparecen entre las firmas involucradas en el debate.
La Justicia suspende la privatización de AySA
El proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) recibió un freno judicial luego de que el juez en lo Contencioso Administrativo N°2 de La Plata, Mariano López, dictara una medida cautelar que detiene la venta del 90% de las acciones de la compañía.
La resolución establece que el procedimiento no podrá continuar hasta que se determine el pasivo ambiental de la empresa, un punto que figura entre los cuestionamientos presentados ante la Justicia.
Los argumentos del fallo
La decisión judicial responde a una presentación realizada por el Defensor del Pueblo bonaerense, quien sostuvo que el pliego de licitación no contempla "elementos básicos que garanticen el acceso al agua" y deja de lado la existencia de "pasivos ambientales en territorio bonaerense".
En su resolución, el magistrado señaló que el esquema previsto para la privatización "tiende a reducir las exigencias regulatorias y postergar obras críticas", situación que, según el fallo, podría afectar el derecho humano al agua potable y el derecho a un ambiente sano reconocidos por la Constitución Nacional.
Crecen las observaciones sobre el proceso privatizador
La suspensión de AySA se suma a otros expedientes que analizan distintas operaciones impulsadas por el Gobierno nacional.
En paralelo, la Justicia Federal de General Roca evalúa planteos vinculados con el proceso de concesión de las represas hidroeléctricas del Comahue, una operación en la que aparecen mencionados el Grupo Neuss y Newsan.
El rol del Tribunal de Tasaciones
Otro de los focos de atención se concentra en el Tribunal de Tasaciones de la Nación y en su presidente, Julio Roberto Villamonte.
El funcionario, designado durante la gestión de Mauricio Macri y reincorporado al cargo en diciembre de 2023, reconoció que comunicó al Ministerio de Economía la imposibilidad de avanzar con las tasaciones de AySA, Transener, Nucleoeléctrica, Belgrano Cargas e Intercargo sin realizar consultas previas al resto de los integrantes del organismo.
Villamonte sostuvo que actuó en función de las atribuciones que le otorga el reglamento interno al asignarle "la representación del Organismo".
Sin embargo, el artículo 6 de la Resolución 72/2023 establece que para asuntos considerados "de especial importancia" corresponde solicitar "el previo acuerdo del Cuerpo Colegiado".
Las dudas sobre las valuaciones de empresas estatales
Dentro de las discusiones vinculadas al proceso de privatización también figura el caso de Nucleoeléctrica Argentina.
Según fuentes consultadas por Ámbito Financiero, la valuación de la compañía se delegó en el Banco Nación o el BICE, organismos que "no tienen especialistas para llevar a cabo esa tarea".
Las mismas fuentes indicaron que la tasación actual de la empresa se ubicaría entre los 10.000 y 11.000 millones de dólares.
Además, los cuestionamientos apuntan al procedimiento desarrollado entre el Ministerio de Economía y el Tribunal de Tasaciones, al considerar que podría vulnerar disposiciones de la Ley N°21.126 vinculadas con la valuación de bienes públicos.
Por otro lado, desde el Ministerio de Desregulación, encabezado por Federico Sturzenegger, se habrían considerado "las consideraciones efectuadas" por el cuerpo de administradores gubernamentales del área para continuar con los procesos de privatización.
