A siete meses del cierre de la planta de neumáticos FATE en San Fernando, la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro ordenó el desalojo de las instalaciones, ocupadas por trabajadores desde el anuncio del cierre de la compañía.
La medida judicial se conoce en medio del reclamo de los empleados, que continúan con la protesta luego de la decisión empresarial de finalizar la actividad industrial en la planta de Virreyes.
En total, 920 personas fueron despedidas tras el cierre.
Cómo comenzó el conflicto laboral en FATE
El 18 de febrero se conoció la decisión de FATE de cesar sus actividades. Desde ese momento, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA) llevó adelante la ocupación de las instalaciones ubicadas en Virreyes.
El conflicto se desarrolla desde entonces alrededor del cierre de la fábrica y de la situación laboral de las personas despedidas.
Los trabajadores sostienen el reclamo para volver a sus puestos laborales y expresan su rechazo a las desvinculaciones.
Qué informó la empresa cuando anunció el cierre
FATE, compañía fundada en 1940, comunicó a comienzos de año el cierre definitivo de su actividad como fabricante de neumáticos.
La decisión se produjo en un contexto que la empresa vinculó con cambios en las condiciones del mercado. Tras el anuncio, fueron despedidos la totalidad de los empleados, se liquidó el negocio y se clausuró una de sus plantas industriales.
En aquel momento, las autoridades de la compañía explicaron mediante un comunicado que "los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo".
El reclamo de los trabajadores
Los trabajadores continúan con la protesta luego del cierre de la planta. El planteo incluye el pedido de volver a trabajar y el cuestionamiento a los despidos.
La situación laboral alcanza a las 920 personas desvinculadas tras el cierre de la fábrica.
La resolución de la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro introduce ahora la orden de liberar las instalaciones ocupadas desde febrero.
