Perú: estado de sitio y la definición de un Castillo preso por 18 meses o no
Con un Perú estallado, este jueves será decisivo en varios aspectos. De las definiciones dependen la paz o la rebelión entre los ciudadanos. En desafío al estado de sitio, habrá marchas masivas.
Este miércoles es un día agitado para Perú: se define si Pedro Castillo, presidente depuesto, irá a prisión preventiva por 18 meses o su detención efectivamente concluye este jueves y no pasará a mayores. Además, se declaró estado de sitio en todo el país por 30 días, con el fin de contener las manifestaciones que ya dejaron 9 muertos confirmados oficialmente.
La crisis en Perú, que tiene origen en un punto temporal de por lo menos cinco años atrás, culminó en una debacle política y social la última semana.
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Todo comenzó con el anuncio de Castillo de disolver el Congreso, para evitar una tercera votación de vacancia. Pero, ¿por qué se votaba la vacancia presidencial? Para comprender esto se debe retroceder al 2021, el mismo año en que Castillo asumía el mandato. Fue entonces cuando se denunciaron actos ilícitos contra su gobierno: específicamente, se le acusó de utilizar fondos públicos para su campaña electoral, la designación de altos funcionarios vinculados a organizaciones terroristas y de ascensos militares a cambio de dinero.
La vacancia presidencial por incapacidad moral permanente está contemplado en la Constitución Política de Perú. La primera moción de vacancia por tal motivo fue votada en 2021, pocos meses más tarde de la llegada de Castillo al poder.
Entonces, el intento de disolución del Congreso falló por falta de apoyos, puesto que la Constitución habilita al presidente a efectuarlo con el fin de convocar nuevas elecciones. Sin embargo, la medida solo es permitida en caso de que el Congreso le negase dos veces la confianza al gabinete, lo que no había ocurrido.
Para entonces, Castillo contaba ya con cinco causas por corrupción y una por presunto plagio de tesis. Luego de aquello, es destituido y detenido y, en su lugar, asume Dina Boluarte, hasta entonces vicepresidenta.
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Ni bien trascendieron las condiciones políticas del país, la población peruana salió a las calles a manifestar su voluntad. Una parte pide la liberación y el retorno de Castillo a la presidencia, y otra parte repudia a Castillo y está de acuerdo con su detención. Sin embargo, un acuerdo generalizado se sostiene entre las protestas: piden adelantar las elecciones para 2023, previstas inicialmente para 2026, en cuanto el mandato de Castillo llegase a su fin.
Sometida a presión, Boluarte anunció este martes que las elecciones podrían adelantarse a diciembre de 2023; luego de haber dicho, en primer lugar, que completaría el mandato de Castillo hasta 2026, y después que los comicios se adelantarían a abril de 2024.
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¿CÓMO?
El Congreso está citado para este jueves a las 10 (las 12 de Argentina) para definir la fecha de elecciones y, consecuentemente, la reducción de los mandatos de la presidenta actual y los legisladores.
Mientras tanto, organizaciones sociales, gremiales y movimientos indígenas llamaron a desafíar el estado de sitio con una marcha masiva que se congregará y circulará por el centro histórico de Lima, con representaciones enviadas por diversos puntos del país. También se realizarán manifestaciones en numerosas regiones.
El estado de sitio fue declarado este martes por el ministro de Defensa, Alberto Otárola, para "mantener el orden y la seguridad"; lo que permite al Gobierno restringir el derecho a la movilización (dicho diplomáticamente, implica "la suspensión de los derechos de libertad de reunión, de tránsito, de libertad y seguridad personales") y desplegar a las Fuerzas y la Policía Nacional para "control interno". El estado de sitio se propuso para un plazo de duración de 30 días contando este jueves.
En cuanto a la situación judicial de Castillo, en un principio la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema había rechazado la apelación presentada por su defensa para anular su detención preliminar.
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El juez César San Martín consideró que el delito de rebelión no se produce únicamente a través de un levantamiento en armas, sino que puede configurarse mediante el intento de quitar autoridad a instituciones democráticas para concentrarlo en un solo Poder.
Si bien la audiencia estaba fijada para el pasado miércoles, a pocos minutos de la hora pactada, Ronald Atencio, abogado de Castillo, renunció a la defensa del exmandatario y argumentó "afectaciones al debido proceso". Es por ello que la audiencia se pasó para este jueves.
El juez supremo Juan Carlos Checkley posterga la audiencia de prisión preventiva del expresidente #PedroCastillo y el expremier Aníbal Torres hasta el jueves, 15 dic 2022, a partir de las 8:30 de la mañana. @larepublica_pe pic.twitter.com/CSCz9cngwA
— César Romero C (@CesarRomeroC) December 14, 2022
Todavía se debate lo que motivó a Pedro Castillo a optar por un autogolpe que terminó por desbaratarse y volverse en su contra. Se rumora que todo indicaba que, una vez más, saldría victorioso de la votación de vacancia. Que sobreviviría a una tercera.
“Pedro Castillo se ha precipitado, no habían votos para la vacancia”, tuiteó Vladimir Cerrón, el líder de Perú Libre, partido que impulsó al maestro rural a la presidencia.
En un fatal desenlace, la ciudadanía peruana se halla vulnerada y en un caos absoluto. En pocas horas sabremos lo que se viene.
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