El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires enfrenta al Poder Ejecutivo Nacional por la eliminación de subsidios a las 31 líneas de colectivos que operan exclusivamente en el territorio porteño. El secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, anunció que a partir de septiembre se dejarán de subsidiar estas líneas, lo que provocará un incremento en el precio del boleto.
El conflicto se agravó cuando el Gobierno porteño exigió al Ejecutivo Nacional que asumiera el costo, alegando que la medida no es competencia de la Ciudad. En un comunicado, el ministro de Infraestructura porteño, Pablo Bereciartua, remarcó que “la Jurisdicción Nacional es la que ejerce, en forma exclusiva, la competencia y fiscalización de todo servicio público de pasajeros por automotor con recorrido en esta Ciudad, encontrándose a su exclusivo cargo las compensaciones tarifarias y subsidios, y el mantenimiento del normal funcionamiento del sistema”.
Bereciartua explicó que el artículo 2° de la Ley 26.740 pretendió establecer un marco jurídico para la transferencia de la competencia del servicio público de pasajeros a la Ciudad, pero esta transferencia nunca se concretó. Añadió que “para que un traspaso de competencias y/o funciones se efectivice, debe ser realizado respetando y cumpliendo la Constitución Nacional (art 75, inciso 2), los principios que imperan en lo que se denomina federalismo de concertación y la restante normativa que de ellos se desprende y se encuentra vigente”.
A pesar de estas circunstancias, el Gobierno porteño intentó colaborar con el Estado Nacional en el pago de las compensaciones al transporte público de pasajeros. Según el comunicado, “la Ciudad propuso, en la medida de sus posibilidades, colaborar con el Estado Nacional para el pago de las compensaciones al transporte público de pasajeros” para las líneas de colectivos que operan exclusivamente en el territorio porteño.
Sin embargo, el Gobierno porteño también criticó el hecho de que hace más de cinco años colabora en el subsidio de tarifas para líneas cuya jurisdicción es exclusiva del Estado Nacional, a pesar de no participar en la definición de dichas tarifas, las cuales son establecidas unilateralmente por el gobierno nacional.
En una conferencia de prensa, donde se anunciaron nuevas medidas para regular el uso del celular en las escuelas, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, expresó que “quien define el precio del colectivo es el gobierno nacional. Es una pregunta para hacerle a ellos”.
