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SiPreBA advirtió sobre la quita de pauta estatal: ¿qué consecuencias trae?

La decisión del Gobierno en torno a la quita de la pauta publicitaria a medios (regulada por ley) rompe el derecho de la ciudadanía a la información en temas como salud, educación, transporte, entre otros aspectos, pero también afecta a miles de trabajadorxs de prensa.

Luego de que el vocero presidencial Manuel Adorni confirmara que el Gobierno quitará la pauta publicitaria oficial (destinada a medios de comunicación) durante un año, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) emitió un comunicado en el que repudió la medida y explicó punto por punto las implicancias que acarrea.

A través de un comunicado, el SiPreBA afirmó que "la suspensión de la pauta publicitaria oficial anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, este martes 12/12 afecta a toda la ciudadanía en su derecho a la información, clave para la vida en común en sociedad, por ejemplo, en cuanto a campañas sobre salud, educación, transporte y mucho más, respecto de las que el Estado nacional está obligado a brindar".

La pauta publicitaria oficial está regulada por la ley 24.156 y representa el 0,05% del presupuesto nacional. En 2023, según información del Estado, implicó una inversión total de $ 40 mil millones. 

En otro de los puntos planteados, el gremio destacó cómo afecta de forma directa a lxs trabajadores del sector: "La decisión impactará en cientos de medios de comunicación, con y sin fines de lucro, en los que hay miles de trabajadoras y trabajadores de prensa a quienes representamos. Desde el SiPreBA defendemos sus derechos, sus salarios y sus ingresos, en una actividad precarizada y con una pérdida de poder adquisitivo del 51% en los últimos cinco años" (a raíz de las negociaciones paupérrimas pactadas por el anterior sindicato UTPBA).

En esa línea, remarcaron que "las plataformas, que no tienen ninguna regulación y no producen contenidos, no reemplazan a los medios de comunicación en su rol de informar. Tampoco a quienes salen a la calle a buscar noticias, a quienes operan una consola o al cadete de un medio, ni a quien informa sobre el estado del tránsito o saca fotos en un partido de fútbol".

También advirtieron que la decisión anunciada por Adorni, que ya había sido expresada por el propio presidente Javier Milei, "anula toda distribución de la información pública y afecta el derecho a la comunicación, la pluralidad de voces y la libertad de expresión".

"Con las redes de medios comunitarios y autogestivos -concluyeron-, en conjunto con otros sindicatos y sectores de la comunicación, desde hace años reclamamos que la pauta oficial sea democrática y federal. El Estado tiene la obligación de favorecer la diversidad de medios y su sostenibilidad, derivada del hecho de que la libertad de expresión protege los derechos de quienes se expresan y de quienes escuchan".

Este aspecto es crucial. El reclamo de sindicatos del sector, así como de medios de comunicación nucleados en la Red de Medios Autogestivos fue desde hace años fue la distribución equitativa de la pauta, dado que existe una gran concentración en los grupos de medios hegemónicos como Clarín (que en 2022 recibió más de mil millones de pesos), América, Indalo y Octubre, entre otros.

 

 

 



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