El 30 de junio último la Secretaría de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas de Jujuy se dirigió a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) para denunciar que en los distintos municipios de la provincia el derecho a protesta se ejerció con "excesos" y el organismo no se privó de responderle en un comunicado.
"Tengo el agrado de dirigirme a Ud., para poner en su conocimiento -y denunciar- que, con motivo de excesos en el derecho de protesta, que provocan 'cortes de rutas nacionales y provinciales', existentes al día de la fecha en la Provincia de Jujuy (...), que se vienen perpetrando hace más de tres (3) semanas, como resulta de público y notorio conocimiento, se vulneran con actualidad, continuidad, permanencia y flagrancia, normativa penal (Arts. 194, 209 sgtes. y cdtes., entre otros del Código Penal de la Nación), pero además derechos y garantías básicos, de especial resguardo y protección constitucional como internacional reconocidos en Tratados de Derechos Humanos de raigambre constitucional", comenzaba el texto de la Secretaría de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas firmado por la Dra. María Marcela Infante. Y procede a enumerar los servicios interrumpidos a causa de los cortes de ruta, sin contextualizar en qué condiciones se dieron las manifestaciones y las acciones de lucha.
En el texto se solicita una "inmediata intervención en salvaguarde de derechos" por parte de la APDH.
"La criminalización de la protesta avanza a pasos agigantados"
Desde la Asamblea se expresó:
"Es dable destacar a la señora Secretaria de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas que nuestra misión institucional, por mandato estatutario y convicción colectiva, ha sido y es la defensa y promoción de los derechos humanos, mientras que su garantía y aseguramiento es responsabilidad de los Estados, en este caso del de la Provincia de Jujuy.
Nos permitimos señalar que la reforma Constitucional llevada a cabo en Jujuy, tal y como lo hiciéramos público antes de ahora, implica -a nuestro entender- un fortísimo retroceso en materia de derechos humanos, entre otras razones por la restricción al derecho a la protesta social, a la participación y a la manifestación y movilización pacífica, lo que exhibe -a primera lectura- su carácter autoritario", dice el comunicado en respuesta a la solicitud, dejando en claro que no comparte la postura ni el accionar del Gobierno.
"Dicha reforma, conlleva la vulneración de derechos y garantías supremas, y avanza sobre comunidades originarias y los recursos naturales estratégicos del suelo y subsuelo jujeño. Vemos como también se vulneran derechos fundamentales, que dan razón y sentido a los justos reclamos de las y los trabajadores docentes, los de una diversidad de organizaciones sociales y sindicales, que ven afectados esos derechos por la aplicación de políticas regresivas en la materia".
"Vemos cómo a esas demandas se le ha respondido desde el gobierno provincial con inusitada violencia y represión, contrariando las bases mismas del Estado de Derecho, vulnerando normas de distinto rango y tratados y convenciones internacionales, que tutelan derechos supremos. Esta situación ha generado la respuesta y alerta de la comunidad internacional. El Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos así lo hizo saber en su carta dirigida al gobernador Gerardo Morales, donde se detalla el alcance de los derechos a la reunión y manifestación y observa con preocupación como esos derechos son vulnerados en la Provincia", destacaron.
Por último manifestaron la sorpresa al recibir la nota y también rechazaron las expresiones utilizadas en ella, tales como “excesos en el derecho de protesta” y la consideración de que se enfrentan a conductas “ilegítimas”. Y concluyeron:
"Como Organismo de Derechos Humanos hemos sido testigos, además, de la represión y la violencia desatada contra la población que se expresaba en las calles y en las rutas, una violencia estatal que no trepidó en detener y reprimir brutalmente a cientos de personas. Se valió para eso de métodos ilegales, como el uso de vehículos no oficiales y otros tantos sin identificación alguna, personal policial enmascarado, y de allanamientos sin orden judicial.
El pueblo jujeño reclama que concejales se pronuncien en contra de la reforma
Desde la APDH entendemos que el único camino posible en este caso, es el diálogo sin ninguna clase de condicionamientos, con las comunidades, organizaciones sociales, políticas y sindicales, mandando hacer cesar de inmediato todas las formas de represión que venimos observando se aplican sobre el pueblo que se manifiesta, lo que sin duda alguna ayudará a evitar una escalada de imprevisibles consecuencias, que bien sabemos terminarán padeciendo los más vulnerables.
Llamamos a escuchar las demandas populares, no a reprimirlas. Es hora de diálogos en la búsqueda de los consensos posibles y necesarios que ayuden a reparar lo sucedido, revisando lo actuado, para evitar que se profundice una crisis que sólo traerá más sufrimientos y divisiones".
