El Gobierno de Milei, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), decidió intervenir de facto la Obra Social del Personal de La Industria Ladrillera a Máquina (OSPILM) y la Obra Social del Personal Ladrillero (OSPL) debido a serias irregularidades en su gestión. La intervención, formalizada en los Decretos 911/2024 y 912/2024 publicados en el Boletín Oficial, tendrá una duración inicial de 180 días y designará interventores para cada entidad.
Motivos de la intervención
Las auditorías revelaron múltiples anomalías, incluyendo la falta de cumplimiento con el Registro de Referentes de Discapacidad y un retraso significativo en la presentación de estados financieros y aplicaciones de fondos. La SSS también detectó deficiencias en la información sobre el origen y uso de fondos entre marzo de 2022 y febrero de 2024, lo que genera distorsiones en los registros contables.
Ambas obras sociales se enfrentan a la posibilidad de liquidación si los padrones no cumplen con los requisitos para seguir operando. Se estima que muchos de sus afiliados son monotributistas sociales.
Deficiencias en servicios
El informe oficial señala que OSPILM no entregó conciliaciones bancarias ni contables adecuadas. Además, el Consejo Directivo mostró que la entidad posee un inmueble cuya titularidad pertenece al Sindicato de Ladrilleros a Máquina, y que la difusión de información sobre sus servicios de salud fue incompleta y confusa.
En cuanto al área de discapacidad, se concluyó que OSPILM no garantiza el acceso a las prestaciones necesarias. La falta de un equipo interdisciplinario afecta la atención en salud mental y no se han realizado programas de prevención ni campañas de vacunación. La ausencia de un Director Médico también contribuye a la ineficiencia del servicio.
Situación de la Obra Social del Personal Ladrillero
La OSPL, identificada con el código 1-1030-5, enfrenta problemas similares, incluyendo demoras en turnos médicos y obstrucciones en su cobertura. También carece de una comunicación clara sobre acceso a prestaciones y normativas relacionadas con temas sensibles como la interrupción voluntaria del embarazo y la violencia de género.
Ambas obras sociales no han garantizado una cobertura de salud adecuada para sus beneficiarios, lo que afecta especialmente a monotributistas que no están afiliados al gremio. Esta situación ha derivado en numerosos reclamos, evidenciando una falta de acceso a la atención médica que resulta preocupante para el sector.
Con esta intervención, el Gobierno busca normalizar el funcionamiento de estas entidades y asegurar que se cumplan los derechos de los trabajadores del sector ladrillero.
