El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) envió dos comunicaciones a Naciones Unidas (ONU) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en donde denuncian el nuevo protocolo para protestas sociales anunciado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
Las presentaciones tienen el aval de 1700 firmas de centrales sindicales, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, gremiales, ambientales, de pueblos indígenas, migrantes, transfeministas, religiosas, colectivos de infancias, estudiantiles y políticos. Además, las cartas fueron acompañadas por más de 15 mil firmas que apoyaron a título personal.
?Denunciamos el protocolo contra la protesta en la @CIDH y la @OACNUDH
— CELS (@CELS_Argentina) December 19, 2023
Con más de 1700 firmas de centrales sindicales, organizaciones sociales y organismos de DDHH les pedimos que exijan al Estado argentino que garantice el derecho a protestar. https://t.co/y6s5SDceYy
El CELS planteó que "la mayoría de las disposiciones del Ministerio de Seguridad de la Nación fijan pautas de actuación policial y estatal que son incompatibles con los derechos a la libre reunión y asociación, a la libertad de expresión y a la protesta social, reconocidos tanto en normas locales, como en la Constitución Nacional y en los tratados y estándares internacionales de derechos humanos".
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El protocolo establece que "cualquier manifestación que se realice con cortes de calles o rutas constituye la comisión de un delito en flagrancia y habilita la actuación de las fuerzas de seguridad para desalojar o dispersar la protesta. A su vez, contiene disposiciones para recabar información y luego criminalizar, perseguir y estigmatizar a los líderes y participantes de manifestaciones públicas y a las organizaciones políticas, sociales y sindicales involucradas".
El objetivo de las cartas enviadas por el CELS es que la ONU y la CIDH manifieste al Estado argentino "la preocupación por este protocolo, el cual también afecta los derechos a la vida, integridad personal y seguridad de quienes ejerzan el derecho a la protesta".
En la carta a la CIDH se pide que adopte las medidas necesarias para “hacer cesar la aplicación del protocolo y evitar la aprobación de otras normativas que buscan coartar o limitar la protesta social sin perspectiva de derecho internacional de los derechos humanos”.
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Por su parte, el escrito presentado ante la ONU fue dirigido a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) y, en particular, al Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi Voule, y a la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, se solicitó que "exijan al Estado argentino que derogue el protocolo y garantice el derecho a la protesta y los derechos a la vida, la integridad personal y la seguridad de quienes se manifiestan".
