El interventor de Edesur, Jorge Ferraresi, adelantó este martes que trabajará con los intendentes de los partidos del Gran Buenos Aires comprendidos dentro de la la concesión de la empresa de distribución de electricidad, con el objetivo de realizar un diagnóstico y presentar la semana próxima un programa de inversiones que permita mejorar la calidad de servicio.
Ferraresi asumió como interventor administrativo de la empresa por un plazo de 180 días y con el objetivo de encabezar el proceso de fiscalización y control, tal como dispuso el ministro de Economía, Sergio Massa.
Del encuentro realizado en la sede de Edesur -ubicada en San José 190, en el barrio porteño de Monserrat- participaron el titular del ENRE, Walter Martello, el presidente de la distribuidora, Juan Carlos Blanco, y el gerente general, Valter Moro.
El Gobierno interviene Edesur por 180 días
“Lo primero que haremos es un diagnóstico, esta semana trabajaremos con cada uno de los intendentes con las situaciones que pasaron en este tiempo", dijo Ferraresi a la agencia de noticias Télam al retirarse de la sede de Edesur, luego de presentarse formalmente como interventor de la compañía.
"La idea es que esta semana se pueda completar el diagnóstico para la próxima semana presentar el programa de inversión”, completó el funcionario.
La intervención fue dispuesta en virtud de los masivos y sistemáticos incumplimientos del servicio de febrero y marzo últimos, y durante su gestión Ferraresi mantendrá sus funciones como intendente de Avellaneda, a lo que sumará la tarea de fiscalizar, controlar y monitorear la ejecución de las obras para la mejora del servicio eléctrico.
La medida de intervención reviste un carácter transitorio y excepcional y es el resultado de las deficitarias acciones de Edesur en cuanto al cumplimiento del servicio, y la misma no afecta a la propiedad de los accionistas, ni el contrato de concesión, pero servirá para que el Estado lleve adelante la fiscalización efectiva del cumplimiento del contrato.
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Más temprano, la secretaria de Energía, Flavia Royon, aclaró que la intervención "no es una estatización" de la distribuidora eléctrica, sino que responde a una "necesidad inmediata" de atender los reclamos de los usuarios ante los constantes y prolongados cortes de luz en su área.
La secretaria advirtió también que "en caso de que la situación persista, se avanzará con el quite de la concesión".
El Gobierno oficializó este martes por la mañana la intervención administrativa por 180 días, que tendrá la tarea de fiscalizar, controlar y monitorear la ejecución de las obras para la mejora del servicio, según lo determinó la Resolución 307/2023 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), y formalizó la designación como interventor del intendente del partido bonaerense de Avellaneda y ex ministro de Desarrollo Territorial de la Nación.
Royon explicó que resultó necesario realizar "una acción inmediata" sobre la operatoria de Edesur y agregó que la intervención administrativa por 180 días le permitirá al Gobierno "verificar y controlar el plan de inversiones y fiscalizar el cumplimiento de obras y mejoras en el servicio".
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"Debemos tratar de mejorar la calidad del servicio; sabemos que no será una solución de un día para el otro", afirmó la funcionaria tras remarcar que las tarifas de Edesur deben ir "directamente a las obras" y advertir que "en caso de que la situación persista, se avanzará con el quite de la concesión".
No obstante, subrayó que hoy "la operación sigue estando en cabeza de la empresa" pero señaló que la intervención dispuesta le permite al Ejecutivo "tener un mejor control, sobre todo ahora que viene el invierno para poder actuar con mayor rapidez y poder verificar y controlar el plan de inversiones".
"Necesitamos una acción inmediata, los usuarios tienen que tener el servicio", aseveró Royon en relación al anuncio realizado ayer por el ministro de Economía y enfatizó que "es importante que la gente haga los reclamos para poder recibir los resarcimientos correspondientes".
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La medida señaló que "el interventor designado deberá elevar al Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE) Informes parciales con una periodicidad no mayor a diez días y un Informe Final dentro de los diez días contados a partir de que se disponga la finalización de su función de fiscalización y control".
Finalmente, se invita al "Gobierno de la ciudad y al de la provincia de Buenos Aires para que designen, respectivamente, representantes a fin de que se integren a la intervención dispuesta".
En los considerandos, la medida señala que "resulta imprescindible reforzar las medidas de control sobre la gestión de la distribuidora en orden a reconducir la prestación, a favor de la defensa de los derechos de los usuarios, tutelados por la Constitución Nacional, los marcos regulatorios y demás normativa".
En tanto el subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti, señaló que lo que el Gobierno busca con la intervención es "que cada peso destinado para mantenimiento, vaya a obras efectivamente".
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En declaraciones formuladas esta mañana a FutuRöck, Yanotti explicó que, si bien "el interventor no tiene capacidad operativa, va a fiscalizar y autorizar gastos", y dijo que, a partir de esta decisión, el grupo Enel no puede gastar en lo que consideren "sino que tienen que hablar con el interventor".
En este punto, buscó reforzar la idea de que "a Edesur la sigue conduciendo el grupo Enel, con sus directores y sus gerentes", pero remarcó que "tienen que decidir con el interventor cada peso que se gaste".
Junto con la decisión de intervenir la empresa, el Gobierno tomó la decisión de ejecutar los 2700 millones de pesos de sentencia que implican un mecanismo de devolución por parte de la empresa a todos los usuarios del servicio de las multas que el Estado le aplicara.
