La Cámara de Diputados pareció protagonizar este martes un cambio de viento político y lo hizo con el voto positivo a la creación de una comisión investigadora sobre el caso de la criptoestafa $LIBRA, impulsada y promovida públicamente por el propio presidente Javier Milei.
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El dato es que la votación marcó un giro en el respaldo legislativo que hasta ahora venía sosteniendo al Gobierno nacional, con el quórum garantizado por un conjunto amplio de bloques opositores y disidencias dentro del radicalismo.
A declarar
La oposición logró convocar para el 22 de abril a las 14 al jefe de Gabinete Guillermo Francos, el ministro de Economía Luis Caputo, el de Justicia Mariano Cúneo Libarona y al titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. La citación ocurre en el marco de una investigación sobre una eventual maniobra de manipulación financiera en torno a una criptomoneda cuyo valor se disparó tras ser mencionada por el Presidente, para luego desplomarse, dejando tras de sí un tendal de perjudicados.
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El cambio de clima quedó evidenciado en el quórum alcanzado con 130 diputados presentes, donde fueron claves los legisladores de Unión por la Patria, la izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y al menos tres radicales que rompieron con la línea del bloque, entre ellos Julio Cobos, Mario Barletta y Fabio Quetglas. También sorprendió la presencia de los diputados que responden al gobernador cordobés Martín Llaryora y al catamarqueño Raúl Jalil, quienes se habían ausentado en votaciones recientes cruciales para el oficialismo.
"Un circo"
Si bien el bloque libertario intentó deslegitimar el avance de la comisión —“Esto es un circo”, dijo el diputado Nicolás Mayoraz—, la sesión evidenció que parte del Congreso ya no está dispuesto a funcionar como rueda de auxilio del Ejecutivo.
“El Congreso no puede mirar para otro lado cuando se sospecha que tienen agarrado al Presidente con un par de dólares”, lanzó Pablo Juliano, de Democracia para Siempre. En la misma línea, el peronista Martín Soria disparó: “El que no se deja auditar es chorro. ¿Les suena?”.
La UCR, hasta ahora una aliada clave del Gobierno en la Cámara baja, mostró señales de fisura. Aunque su conducción mantuvo la negativa a avanzar con la comisión, la decisión de varios legisladores de acompañar el tratamiento marcó un quiebre. La diputada Karina Banfi intentó justificar el rechazo señalando que “la Justicia ya está actuando”, pero quedó en minoría frente a la presión de las bases radicales y el descontento social creciente.
El proyecto establece fechas límites claras para la conformación de la comisión, con el objetivo de evitar dilaciones: el 15 de abril debe informarse su composición y el 23 de abril tendrá lugar la primera reunión. El respaldo logrado por los bloques opositores representa un llamado de atención para el Ejecutivo, que viene atravesando una acelerada pérdida de apoyo parlamentario.
