El avance del gobierno de Javier Milei sobre la Hidrovía Paraná-Paraguay sumó un nuevo capítulo con la presentación de una denuncia penal que apunta directamente contra el Presidente, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), Iñaki Arreseigor.
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La ofensiva judicial pide además suspender la apertura de sobres de la licitación para el dragado y balizamiento de la Vía Navegable Troncal, prevista para el 27 de febrero, al considerar que el proceso está viciado y puede generar un grave perjuicio al interés público.
La denuncia fue presentada ante la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) por el ingeniero José María Lojo, ex presidente del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata y actual titular del Consejo Portuario Argentino. El escrito, patrocinado por el constitucionalista Eduardo Barcesat, imputa a los funcionarios presuntos delitos de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, en concurso con figuras previstas en la normativa ambiental.
Opaco
Lejos del relato oficial que promete “eficiencia” y “modernización”, la presentación desnuda un entramado de decisiones opacas alrededor de una vía estratégica para la economía argentina. Lojo cuestiona el diseño de los pliegos licitatorios y advierte que el esquema propuesto favorece a la futura concesionaria, mientras encarece los costos para exportadores y productores nacionales, en línea con un modelo que prioriza negocios privados por encima del desarrollo federal y la soberanía sobre los recursos.
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Entre los fundamentos técnicos y económicos, la denuncia destaca informes de especialistas como el ingeniero Hernán Orduna, el abogado Homero Bibiloni y el ingeniero Alejandro Bustamante, además de las observaciones formales presentadas por el propio Lojo ante la ANPYN. Todos coinciden en que no se realizaron estudios de impacto ambiental integrales, pese a que el 90% de los participantes en la audiencia pública lo reclamó, y que el trazado propuesto es inconveniente desde el punto de vista operativo y ambiental, ignorando advertencias de expertos y de las provincias involucradas.
En materia tarifaria, el esquema impulsado por el gobierno fija una tarifa mínima elevada que, según la denuncia, limita la competencia por precio y garantiza rentabilidades extraordinarias para la empresa adjudicataria. Ese diseño se traduciría en mayores costos logísticos para las economías regionales y para toda la cadena exportadora, profundizando el ahogo de la producción en un contexto de recesión y caída del mercado interno que el propio Milei y Caputo se niegan a reconocer.
Lojo también denuncia que las instancias de participación pública desarrolladas durante el último año fueron una mera puesta en escena para simular cumplimiento de los procedimientos. Los aportes y objeciones de la mayoría de los participantes en la audiencia ambiental fueron prácticamente desestimados en la versión final de los pliegos, lo que, según el denunciante, vacía de contenido los mecanismos de consulta y exhibe el desprecio del oficialismo por las voces técnicas y sociales que se oponen a la privatización a medida de la Hidrovía.