La opinión pública en Estados Unidos llega al Estado de la Unión de 2026 más polarizada que nunca frente al gobierno de Donald Trump, con una economía percibida como débil, fuertes tensiones en torno a la inmigración y debates abiertos sobre el papel global de la Casa Blanca.
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Clima político y económico
Un año después del inicio del segundo mandato, según una investigación dada a conocer por el Pew Research Center, solo el 28% de los estadounidenses dice que la situación económica es “excelente” o “buena”, mientras que un 72% la califica de regular o mala, un telón de fondo incómodo para la Casa Blanca. Entre los votantes republicanos, casi la mitad (49%) cree que la economía está en buen o excelente estado, frente a apenas el 10% de los demócratas, lo que refleja una brecha partidaria muy marcada en la evaluación del desempeño de Trump.
La lectura de las políticas presidenciales es igual de dividida: el 57% de los republicanos piensa que las medidas de Trump mejoraron la economía, mientras que el 85% de los demócratas afirma que la empeoraron; en el agregado, solo el 28% de los adultos cree que sus políticas mejoraron la situación, frente a un 52% que dice que la empeoraron. Este patrón refuerza un escenario de alta polarización, donde la figura del presidente concentra apoyo sólido en su base y un rechazo muy marcado en la oposición.
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Más allá de los indicadores macro, el foco ciudadano está puesto en el costo de vida: un 71% de los adultos declara estar “muy preocupado” por lo que paga por la atención médica, 66% por los precios de alimentos y bienes y 62% por la vivienda, preocupaciones compartidas por mayorías de ambos partidos aunque más agudas entre demócratas. Al mismo tiempo, dos tercios de los estadounidenses (66%) sostienen que el gobierno federal tiene la responsabilidad de garantizar la cobertura de salud para toda la población, aunque se dividen entre quienes prefieren un sistema nacional único (35%) y quienes optan por una combinación público-privada (31%).
Aranceles
En materia de política comercial, las tarifas –uno de los ejes económicos de Trump– despiertan más rechazo que apoyo: seis de cada diez estadounidenses desaprueban los aumentos de aranceles, frente a un 37% que los respalda. La fractura partidaria vuelve a aparecer: el 93% de los demócratas rechaza las subas, mientras un 71% de los republicanos las apoya, incluso después de que la Corte Suprema pusiera en duda buena parte de la arquitectura arancelaria del gobierno y Trump redoblara la apuesta con un llamado a un arancel global del 15%.
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Inmigración, minorías y derechos civiles
En el plano migratorio, las encuestas muestran un choque entre la agenda de orden de la Casa Blanca y la sensibilidad de buena parte de la ciudadanía respecto de los derechos civiles, cuestión que impacta de lleno sobre inmigrantes, minorías raciales y comunidades vulnerables. Un 72% de los estadounidenses considera inaceptable que los agentes federales de inmigración usen la apariencia o el idioma de una persona como motivo para revisar su estatus migratorio, y un 61% rechaza que actúen con el rostro cubierto, lo que marca límites claros al avance de prácticas percibidas como discriminatorias.
La opinión pública es más ambivalente sobre un despliegue intensivo en barrios con alta presencia de inmigrantes o sobre sancionar a ciudadanos que ayudan a otros a evitar los operativos, pero mayorías amplias avalan que la población filme a los agentes (74%) y comparta información sobre dónde se realizan arrestos (59%). Este respaldo a formas de vigilancia ciudadana sugiere un clima de desconfianza hacia la autoridad migratoria y de protección informal hacia comunidades inmigrantes, que se superpone a las preocupaciones de minorías sexuales, mujeres y grupos racializados frente a políticas percibidas como más duras en materia de derechos.
Al mismo tiempo, existe apoyo a una línea más dura en control fronterizo: un 62% de los estadounidenses respalda una fuerte presencia militar en la frontera con México, incluso mientras dos tercios (66%) se oponen a suspender todas las solicitudes de asilo, una de las medidas más agresivas impulsadas por Trump. En los hechos, los cruces y “encuentros” en la frontera sur cayeron en 2025 a su nivel más bajo desde 1970, según datos oficiales analizados por Pew, lo que el gobierno exhibe como un éxito, pero que convive con un rechazo mayoritario a cerrar por completo la puerta a quienes buscan protección.
Política exterior
La intervención militar que derivó en la salida de Nicolás Maduro abrió un nuevo frente de discusión sobre el rol internacional de Washington, con implicancias directas para América Latina y, en particular, para el seguimiento que hacen países como Argentina. Ante la pregunta sobre cuánto debería involucrarse Estados Unidos en la gobernanza de Venezuela en los próximos meses, un 45% responde que poco o nada, un 32% que “algo” y solo un 21% que el involucramiento debería ser “muy” o “extremadamente” alto, cifras que sugieren cautela ante una política exterior intervencionista.
El debate se replica en el plano económico: el 37% apoya que empresas estadounidenses accedan al petróleo venezolano, el 40% se opone y un 22% no está seguro, lo que evidencia una ausencia de consenso tanto sobre la dimensión geopolítica como sobre el aprovechamiento económico de la operación. Estos datos muestran que, mientras la administración Trump busca proyectar fuerza en el escenario internacional, la sociedad estadounidense permanece dividida sobre los costos, los beneficios y los límites de ese protagonismo, especialmente cuando se trata de intervenciones militares en la región.
