La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso de queja presentado por los directivos de Correo Argentino S.A., Jaime Cibils Robirosa y su abogado Jaime Kleidermacher. El fallo, firmado digitalmente por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, dispone: "Por ello, se desestima la presentación directa. Intímese a cada uno de los recurrentes a que, dentro del quinto día de notificados, efectúen el depósito que dispone el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, a la orden de esta Corte y bajo apercibimiento de ejecución".
Ambos imputados, vinculados al Grupo Macri, habían intentado apartar a los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico, argumentando “temor de parcialidad” y señalando una supuesta “enemistad manifiesta hacia Mauricio Macri y por lo tanto hacia” ellos. La recusación fue rechazada por la Cámara Federal y ratificada por el juez Javier Carbajo, quien sostuvo: “más allá de la señalada disparidad entre la pretensión incoada y la decisión en jaque, la defensa no ha conseguido demostrar que, en las particulares circunstancias que rodean la incidencia, se encuentre objetivamente sustentado el temor de parcialidad denunciado”.
Origen de la causa y deuda del Grupo Macri
La causa judicial, conocida como “Correo Argentino” o “correogate”, tramita bajo el expediente “Macri, Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y cohecho”. Se originó en septiembre de 2001, cuando Correo Argentino S.A. ingresó en concurso de acreedores por una deuda de $296 millones en concepto de canon no pagado al Estado desde 2001, durante la vigencia de la convertibilidad.
La concesión postal había sido otorgada en 1997 por el Decreto N.° 265/1997 del presidente Carlos Menem a la Sociedad Macri (SOCMA), como parte de la privatización de ENCOTESA. Según el decreto de rescisión de 2003, la empresa sólo abonó el canon el primer año.
Durante el gobierno de Mauricio Macri, se intentó cerrar un acuerdo judicial que implicaba una quita del 98,82% de la deuda. En su dictamen del 29 de diciembre de 2016, la fiscal Gabriela Boquin expresó que la propuesta “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional”, agregando que la empresa “se benefició con un estado de ‘eterno’ concurso y logró suspender por más de 15 años el pago a sus acreedores”.
Imputaciones y vínculos con ex funcionarios
El 14 de febrero de 2017, el fiscal Juan Pedro Zoni imputó a Mauricio Macri, entonces presidente, y al ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, por el acuerdo con Correo Argentino S.A. En paralelo, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) desistió de cobrar una multa de casi 300.000 pesos a la misma empresa, pese a tener sentencia firme favorable al Estado.
También fueron imputados Juan Manuel Mocoroa, ex titular de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, y los mencionados directivos de la firma. La acusación incluye delitos de administración fraudulenta, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública.
Según cálculos de la Procuración, de aceptarse la propuesta de la empresa, el Estado habría dejado de percibir cerca de 70.000 millones de pesos hasta 2033. A su vez, en 2021 la empresa ofreció pagar 1.011 millones, monto que Boquin dictaminó como cinco veces menor al adeudado, lo que derivó en la declaración de quiebra.
Empresas del Grupo Macri y adjudicaciones estatales
La causa también expone la trayectoria del Grupo Macri, con un crecimiento empresarial desde la dictadura militar. Según un estudio de 1984, “poseyendo 7 empresas en 1973 han alcanzado a 47 al fin de la dictadura”. Entre las firmas destacadas se encuentran Sevel, Sideco, Iecsa, Manliba y Prourban.
Estas empresas estuvieron vinculadas a contratos estatales en obras públicas, transporte ferroviario, viviendas sociales, licitaciones energéticas y concesiones. También se investigan negocios con empresas chinas y gestiones de transporte como el ferrocarril Belgrano Cargas.
Encuentros investigados y desplazamiento del fiscal Zoni
Antes de ser desplazado, el fiscal Zoni presentó documentación sobre reuniones entre operadores del macrismo y autoridades judiciales. Según publicó el diario La Nación, Daniel Angelici habría dicho: “Yo lo conozco, tengo muy buena relación. Siempre jugó bien”, refiriéndose a su vínculo con el juez Ariel Lijo, a cargo de la causa.
Entre los elementos operativos aún en manos del Correo Oficial se encuentran sistemas de gestión adquiridos durante la concesión, como Mosaic (Olivetti) y Track & Trace (Correo de Nueva Zelanda), así como inmuebles, mejoras y estructuras logísticas en Monte Grande.
