Los constitucionalistas Daniel Sabsay y Alejandro Gil Domínguez cuestionaron con dureza el decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el presidente Javier Milei que reforma el sistema de Inteligencia y otorga nuevas facultades a los servicios, en particular a la SIDE. Ambos especialistas advirtieron que la medida no solo carece de fundamentos de “necesidad y urgencia”, sino que además implica un serio retroceso en materia de derechos y garantías constitucionales.
Ofensiva opositora para frenar el DNU que amplía el poder de la SIDE
Sabsay, referencia habitual entre el antiperonismo, calificó el DNU como “aberrante” y reclamó que la Justicia lo declare inconstitucional. Subrayó que el Poder Ejecutivo no demostró ninguna situación excepcional que habilite a legislar por decreto sobre una materia tan sensible como la Inteligencia del Estado. En ese sentido, remarcó que el uso expansivo de los DNU para alterar estructuras institucionales centrales vulnera el equilibrio entre poderes.
Entre los puntos más controvertidos, Sabsay destacó las nuevas facultades otorgadas al propio Presidente y a los organismos de inteligencia, que a su criterio rozan las “facultades extraordinarias” prohibidas por la Constitución. Mencionó particularmente la habilitación para que un funcionario pueda detener personas en la vía pública, una atribución que desdibuja la frontera entre fuerzas de seguridad, justicia y aparato de inteligencia. Para el constitucionalista, esa superposición de roles abre la puerta a abusos de poder y prácticas discrecionales.
Los puntos clave de la reforma de la SIDE: más poder a las sombras del poder
Por su parte, Alejandro Gil Domínguez puso el foco en el artículo que autoriza tareas de “contrainteligencia” sobre el conjunto del Sector Público Nacional. El texto habilita acciones para prevenir “infiltración”, “fuga de información” y “espionaje” dentro del Estado, formulación que, según el jurista, es deliberadamente vaga y amplia. Esa ambigüedad permitiría vigilar y perseguir a trabajadores estatales, funcionarios y hasta docentes o estudiantes vinculados a organismos públicos bajo la excusa de la seguridad.
Gil Domínguez advirtió que este tipo de prácticas remite a las lógicas de la última dictadura militar, cuando se marcaba a estudiantes, docentes y trabajadores por lo que pensaban, decían o incluso por cómo se vestían. Trazó un paralelismo inquietante entre aquellas políticas de control ideológico y la posibilidad de que la inteligencia vuelva a operar como herramienta de disciplinamiento interno. Para el especialista, la reforma rompe el consenso democrático construido en torno a la no utilización de los servicios como mecanismo de persecución política.
El Gobierno oficializó el poderío de la SIDE pese a las fuertes críticas de la oposición
Ambos constitucionalistas coinciden en que el DNU amplía peligrosamente el poder de los servicios de inteligencia y erosiona garantías básicas como la libertad de expresión, la privacidad y el debido proceso. Señalan que, lejos de limitar las capacidades de espionaje estatal después de décadas de escándalos y denuncias, el Gobierno opta por reforzarlas y blindarlas bajo el paraguas de la “seguridad”. Ese giro, advierten, desanda el camino de reformas impulsadas tras la recuperación democrática.
