ECONOMÍA

Conflicto en Lustramax: una historia que incluye a Milei, mentiras patronales y despidos masivos

La disputa en una planta de Tortuguitas suma reclamos gremiales, decisiones judiciales y versiones contrapuestas entre empleados, empresa y dirigentes. Myriam Bregman descubrió que el empresario que recorrió medios de comunicación diciendo que sus trabajadores lo llevaban a la quiebra, mintió. Así lo dejó asentado en las cartas documento.

15 de enero de 2026 - 15:40

Las claves

  • La Provincia dictó conciliación obligatoria con reincorporación por 15 días.

  • La empresa negó el ingreso a los despedidos y declaró lock out.

  • Trabajadores denunciaron presencia de Gendarmería sin orden.

  • El dueño habló de amenazas y reestructuración empresarial.

  • El caso quedó vinculado al debate por la reforma laboral.

Mentiras al descubierto

La ex legisladora y abogada Myriam Bregman tuiteó: "OTRO MONTAJE QUE SE DERRUMBA".

Y explicó: "¿Viste al empresario que recorrió medios de comunicación diciendo que sus trabajadores lo llevaban a la quiebra? Bueno, cuando tuvo que escribir las cartas documento no se animó a mentir de esa forma tan descarada como lo aconsejaba su abogada/senadora de La Libertad Avanza".

"Allí, por escrito, expresó que el problema de la empresa Lustramax es que tienen que afrontar "la masiva entrada de importaciones del sudeste asiático con causa a la liberación de las importaciones y la unificación del tipo de cambio oficial..." Es decir, que a todo evento, suponiendo que eso fuese verdad, el reclamo se lo tienen que hacer a la abogada/senadora de La Libertad Avanza.
Están jugando con las y los trabajadores y sus familias. Quieren sentar argumentos para la reforma laboral: "el problema de la Argentina es que los trabajadores tienen muchos derechos". Y es una vergüenza que usen a la Gendarmería y al aparato judicial para tal campaña", denunció.

Conciliación obligatoria y permanencia en planta

Luego de que los trabajadores de Lustramax iniciaran una permanencia en la fábrica, la Secretaría de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó una conciliación obligatoria. La medida ordenó la reincorporación de todos los despedidos durante un plazo de 15 días.

Según denunciaron los empleados, la patronal decidió de manera unilateral impedir el ingreso a los puestos de trabajo, desconociendo la resolución oficial. La situación derivó en la continuidad de la permanencia en el predio ubicado en el Parque Industrial de Tortuguitas.

Denuncia por operativo de seguridad

Los trabajadores señalaron el arribo de efectivos de la Gendarmería Nacional sin orden judicial y fuera de su jurisdicción habitual. Desde el colectivo obrero describieron el despliegue como un operativo de carácter represivo orientado a amedrentar y desalentar los reclamos.

El conflicto se originó tras el intento de la empresa de avanzar con más de 60 despidos, entre ellos dos delegados gremiales, medida que los empleados calificaron como intempestiva e ilegal.

Despidos y reclamos laborales

Según relataron los trabajadores, la empresa alegó una crisis económica que no se reflejaba en la actividad cotidiana de la planta. Indicaron que la producción y distribución continuaban con normalidad, con horas extras habituales.

Entre los reclamos también figuran:

  • Falta de pago de aguinaldos

  • Atrasos salariales

  • Incumplimientos de paritarias

  • Deudas con obras sociales

  • Eliminación de beneficios internos como el comedor

Asamblea, solidaridad y medidas

Durante una asamblea realizada en la planta, los trabajadores resolvieron:

  • Crear un fondo de huelga

  • Formar una comisión de solidaridad con participación de familias

  • Convocar a un festival para visibilizar el conflicto

Las acciones contaron con el respaldo de agrupaciones políticas, sociales y sindicales. Además, se realizaron cortes en la Autopista Panamericana como medida de fuerza.

La postura de la empresa

El dueño de Lustramax, Ezequiel Sosa, afirmó en diálogo radial: "Nosotros estamos hoy casi cerrados. Cumplimos con todo lo que teníamos que hacer, estamos mal, estamos en un proceso de crisis en la compañía y tenemos que sacar trabajadores bajo un proceso de reestructuración, pagando bajo todas las normas que dice la ley".

Luego agregó: "Estamos tratando de poder trabajar pero tengo una empresa tomada por un grupo político hace cuatro años. Hace cinco días estoy durmiendo en el piso, tratando de cuidar lo mío, con gente con causas penales, asustado, con amenazas y tratando de que 200 personas no se queden sin trabajo".

Sosa aseguró que denunció penalmente a delegados sindicales y sostuvo que existe una orden judicial de desalojo.

Intervención política y cruce público

Bregman sostuvo: "La resolución del Ministerio de Trabajo dice que la situación se debe retrotraer, que los trabajadores deben estar adentro y que la que está ilegal es la empresa".

También señaló: "Es serio lo que está pasando, hay trabajadores que están sufriendo un ataque inexplicable".

Situación judicial y continuidad del conflicto

El Ministerio de Trabajo provincial ordenó retrotraer la situación laboral y reincorporar a los despedidos, resolución que la empresa rechazó. Ante esa negativa, los trabajadores mantienen el estado de asamblea permanente y la permanencia en el predio.

La empresa sostiene un Procedimiento Preventivo de Crisis, mientras los empleados afirman que no existen indicadores reales que lo respalden. 



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