Cuestionada por su inacción en varias denuncias que complican a los actuales funcionarios, la Oficina Anticorrupción (OA) no pierde tiempo, en cambio, a la hora de ejercer presión para que avancen las causas contra quienes integraron el gobierno anterior.
En este caso, el organismo en manos de la polémica funcionaria Laura Alonso reclamó al juez Ariel Lijo que tome medidas en una de las investigaciones que más le interesan al macrismo: el caso Ciccone.
En ese sentido, la OA presentó un escrito ante el Juzgado Federal N° 4 solicitando que se dicte el procesamiento de varios de los acusados, entre ellos el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.
La OA indicó que Echegaray "tuvo una inherencia determinante solicitando la quiebra de Ciccone Calcográfica y ofreciendo que la Casa de Moneda se hiciera cargo de la planta".
"La falta de resolución de sus situaciones procesales no solo favorecen su impunidad, sino que también perjudican la acción de los acusadores en el trámite de la causa", sostiene el escrito.
De todos modos, fuentes de Tribunales explicaron que la acusación de Alonso tiene un punto vulnerable: se basa pura y exclusivamente en el relato del "arrepentido" Alejandro Vandenbroele, que fue modificado más de una vez y no se encuentra respaldado por ningún elemento probatorio.
Esa podría ser una de las razones por las cuales Lijo se abstuvo hasta el momento de dictar nuevas resoluciones. Las defensas de los imputados sostienen que las pericias contables en trámite ordenadas por el juez terminarán demostrando que Vandenbroele miente en el afán por reducir la eventual condena que le toque.
