El Consejo de Defensa del Estado, representando a Carabineros de Chile, solicitó ante la justicia que se declare inconstitucional la norma que obliga a los funcionarios de seguridad entregar el registro de sus cámaras corporales utilizadas durante el estallido social de octubre de 2019, donde se acusó a la institución de violar derechos humanos y reprimir a manifestantes, informaron este miércoles las autoridades.
La fuerza solicitó, el pasado 7 de junio, declarar inconstitucionales los artículos 5, inciso dos, y el 28, inciso dos, de la ley número 20.285 de "acceso a la información pública" sobre la entrega de dicho material audiovisual, informa hoy el diario El Mercurio.
La policía chilena indicó al Consejo de Transparencia del Tribunal Constitucional (TC) que "revelar sin más el contenido de las cámaras corporales al amparo de la norma cuestionada implicaría preferir a todo evento la entrega de información no amparada por el artículo 8 de la Constitución con total olvido de las causales reconocidas en esa disposición".
Ese artículo de la carta magna refiere a la publicidad y actos de los funcionarios y las fuerzas públicas, como también las excepciones.
La sala del Tribunal Constitucional designó a su presidenta para resolver el trámite e informar si se admite su tramitación o no, detalló el Diario Constitucional, medio especializado.
Carabineros de Chile es acusado de violar derechos fundamentales en el marco del estallido social que se vivió en Chile desde el 18 de octubre de 2019, donde miles de chilenos salieron a las calles de Santiago y otras ciudades importantes para exigir mayores reivindicaciones políticas, sociales y económicas.
Según datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Carabineros contabiliza más de 2.300 querellas por abusos, violencia, tortura, lesiones y homicidio en el marco de la crisis social del país, que puso en jaque al segundo Gobierno de Sebastián Piñera.
Como consecuencia del estallido social, el Gobierno junto a la oposición firmaron un acuerdo para llamar a un plebiscito para aprobar o rechazar la creación de una nueva Constitución, que ponga fin a la heredada por la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet.
El apruebo ganó por casi el 80% de los votos en el plebiscito del 25 de octubre y el 15 y 16 de mayo pasado se eligieron a los 155 convencionales constituyentes que redactarán la nueva Constitución.
