En abril de 1996, unas 3.500 familias del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) ocuparon la hacienda Macaxeira, en busca de un terreno para plantar y sobrevivir.
Representantes del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) garantizaron a los trabajadores la expropiación del área para la reforma agraria. El escenario cambió cuando un informe consideró la propiedad como productiva, beneficiando al terrateniente que dijo ser dueño de la tierra.
En protesta, más de 1.500 campesinos iniciaron una marcha por la carretera BR-155 con destino a la capital de Pará, Belém. Los trabajadores cuestionaron la veracidad del informe y trataron de presionar a las autoridades públicas.
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El 17 de abril, cerca de la zona de Eldorado conocida como la "curva S", los ‘sin tierra’ fueron rodeados por un contingente de 150 hombres de la Policía Militar (PM). La protesta terminó en ese momento, entre gritos, llanto y sangre con 21 asesinados y 69 quedaron mutilados.
De los 155 policías que actuaron en la masacre, solo los dos comandantes del operativo fueron condenados por homicidio doloso. Los coroneles Mário Pantoja y José Maria Pereira Oliveira fueron detenidos en 2012, 16 años después del hecho. Cuatro años después, salieron a cumplir su condena en libertad.
Han pasado 27 años desde el día de la Masacre de Eldorado do Carajás y la criminalización de los grupos de campesinos es mucho más grave.
Las amenazas y ataques a los trabajadores rurales, antes promovidos principalmente por los terratenientes de la agroindustria, ahora también los llevan a cabo empresarios de otros sectores, como la minería y la energía.
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El líder del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) João Paulo Rodrigues, anunció que presentará denuncias sobre la ocurrencia de explotación laboral análoga a la esclavitud en ciertas zonas de Brasil.
"En Argentina la agricultura familiar campesina e indígena se organiza hace décadas en distintas provincias. Las familias campesinas son trabajadoras de la tierra, producen alimentos en armonía con el ambiente en el campo profundo, y en la periferia de las grandes ciudades", dice el Centro de Estudios Legales y Sociales y señala los peligros de la criminalización de las luchas campesinas:
Criminalizar a integrantes de organizaciones campesinas no es el camino.
— CELS (@CELS_Argentina) April 17, 2023
Es necesario el respeto de sus derechos, así como poner en práctica normativas como la Declaración de @ONU_es sobre los Derechos de campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales de 2018.
