POLÍTICA | imputabilidad | Ley Penal Juvenil

Diputados: nueva ley penal juvenil endurece penas y reduce edad de imputabilidad a 14 años

La Cámara de Diputados aprobó reducir la edad de imputabilidad a 14 años y establecer penas más duras para delitos graves.

Las claves

  • La iniciativa recibió 149 votos a favor y 100 en contra.

  • La edad de imputabilidad baja de 16 a 14 años.

  • Se establecen penas de hasta 15 años para homicidios, robos violentos, abusos sexuales y secuestros.

  • Se crean institutos especiales para educación, salud y tratamiento de adicciones.

  • Las víctimas tendrán derechos reforzados dentro del proceso penal juvenil.

Diputados aprueban la baja de edad de imputabilidad

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Régimen Penal Juvenil, que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa recibió 149 votos a favor, con apoyo de Libertad Avanza, PRO, UCR, Provincias Unidas, MID, Innovación Federal y otros bloques provinciales.

El peronismo votó en contra, manteniendo su postura unificada, aunque algunos diputados del Frente Renovador habían adelantado que podrían respaldar la baja de edad en artículos puntuales. Finalmente, la decisión del oficialismo de votar por capítulos y a mano alzada dejó fuera a estos sectores.

Penas más duras y sanciones alternativas

El nuevo régimen establece penas de hasta 15 años de prisión para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales y secuestros. Para delitos menores a 10 años, se prevén sanciones alternativas: amonestación, servicios comunitarios, monitoreo electrónico y reparación del daño. También se habilita la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil, con intervención obligatoria de todas las partes y consentimiento expreso de la víctima.

Institutos especiales y educación para menores

El proyecto pone un fuerte énfasis en la creación de institutos especiales donde los menores recibirán educación, atención médica y tratamiento de adicciones. Todo el personal de estos centros deberá estar capacitado en infancia y adolescencia, y se prohíbe cualquier tipo de convivencia con detenidos adultos.

Derechos de las víctimas

La ley garantiza que las víctimas sean informadas, escuchadas y acompañadas con patrocinio jurídico y asistencia psicológica. Podrán participar en instancias relevantes del proceso, incluidos mecanismos restaurativos. Laura Rodríguez Machado, diputada libertaria, aseguró que la ley vigente desde 1980 “no previene, no resocializa y no repara” y destacó que la nueva normativa incorpora estándares internacionales nunca antes aplicados en Argentina.

Críticas desde el peronismo

Desde el peronismo, Juan Grabois cuestionó que bajar la edad no soluciona el problema de fondo y pidió enfocar el debate en salud mental, consumos problemáticos y herramientas de internación para adolescentes en situaciones críticas. Juan Carlos Molina señaló que el debate prioriza la cárcel sobre la educación, los salarios de médicos y los centros deportivos.

Santiago Santurio, del bloque libertario, defendió la medida: “No será la solución definitiva, pero obliga a los jóvenes a responder por delitos graves y garantiza justicia para las víctimas”.

Financiamiento y presupuestos

El proyecto destina un total de $23.739 millones para su implementación: $3.132 millones para el Ministerio de Justicia y $20.607 millones para la Defensoría General de la Nación. Este ajuste se realizó tras advertencias de gobernadores de que no acompañarían la iniciativa si los costos recaían únicamente en las provincias. Miguel Ángel Pichetto advirtió que “sin inversión en establecimientos adecuados y educación, esto es solo humo para la tribuna”.



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