El Senado de la Nación transita este jueves una jornada bisagra que podría redefinir de manera permanente la soberanía territorial y el régimen inmobiliario de la República Argentina. Desde las 11 de la mañana, la Cámara alta sesiona con el objetivo central de tratar la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
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El mega-proyecto, estructurado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, avanza en el recinto gracias a un aceitado acuerdo sellado entre la bancada de La Libertad Avanza y los bloques de la oposición "dialoguista", quienes destrabaron el tratamiento de un temario de alto impacto económico y judicial.
El pacto legislativo incluyó de forma prioritaria la autorización para el pago inmediato de una multimillonaria deuda remanente a fondos buitre, así como el tratamiento de una abultada nómina de pliegos para la designación de magistrados federales. El oficialismo busca consolidar así una victoria parlamentaria estratégica que convalide el núcleo duro de su programa de liberalización económica radical.
Extranjerización total
El capítulo más controvertido del proyecto de Sturzenegger es el que modifica de raíz el acceso a los recursos estratégicos del suelo argentino, al eliminar de forma explícita las restricciones que impedían a los empresarios y magnates del exterior adquirir de manera ilimitada superficies rurales en el país.
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El texto sepulta los criterios regulativos heredados de la histórica Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737), que fijaba un techo de protección nacional del 15% por provincia y región para evitar la concentración foránea del territorio nacional.
Bajo el nuevo esquema propuesto, las provincias conservarán formalmente la jurisdicción plena sobre sus territorios —en estricta conformidad con las atribuciones fijadas por la Constitución Nacional—, pero se verán obligadas a autorizar automáticamente las operaciones de venta a particulares y corporaciones internacionales siempre que no involucren directamente a un Estado soberano extranjero.
En resumen: el magnate amigo y socio de Milei, Peter Thiel, podría comprar una parte del país.
El Límite Estatal Sometido a Excepción: A diferencia de la desregulación absoluta aplicada a los capitales privados foráneos, el dictamen mantiene una prohibición estricta: los Estados extranjeros u organizaciones empresariales donde un gobierno soberano exterior tenga participación en el capital, control en las decisiones societarias o fondos fiduciarios integrados mayoritariamente con bienes públicos extranjeros, no podrán adquirir tierras en territorio argentino.
Desalojo exprés
La reforma introduce modificaciones drásticas en el Código Civil y Comercial, acelerando dramáticamente los plazos de restitución de inmuebles bajo un esquema denominado de desalojo "exprés". De acuerdo con el articulado que se debate en el recinto, este mecanismo sumario se aplicará directamente sobre aquellos inmuebles que hayan sido objeto de usurpación directa.
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Para el caso del mercado de locación tradicional, las nuevas reglas establecen un endurecimiento crítico en los plazos ante casos de morosidad. Se fija un término perentorio de apenas 10 días para intimar de forma fehaciente el pago adeudado del contrato de alquiler. La validez de esta notificación cobra carácter absoluto: será dirigida al domicilio (sea físico o electrónico) denunciado por el locatario en el contrato, y se considerará legalmente perfeccionada incluso si el inquilino se negara a recibirla o si no pudiera concretarse por motivos que le sean imputables. Una vez vencido el plazo de intimación sin que se salde la deuda, el locador queda facultado para iniciar de inmediato la acción judicial de desalojo, la cual deberá sustanciarse obligatoriamente bajo el procedimiento más breve que prevea la ley local, fijando un estándar de resolución de apenas 10 días hábiles.
Flexibilización de la Ley de Manejo del Fuego
Otro de los puntos que genera mayor resistencia entre las organizaciones ambientalistas y los bloques de la oposición dura es la reforma integral del régimen de Manejo del Fuego, un área sensible vinculada históricamente a la especulación inmobiliaria y a la expansión desregulada de la frontera agropecuaria. El nuevo proyecto deroga de forma taxativa el núcleo de la normativa impulsada en su momento por Máximo Kirchner, la cual buscaba desincentivar los incendios intencionales bloqueando la explotación comercial posterior de las zonas arrasadas.
Específicamente, el nuevo ordenamiento elimina la prohibición de 30 años que impedía modificar el uso del suelo, realizar desarrollos inmobiliarios o alterar el destino productivo de predios rurales, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas que hubiesen sufrido incendios. En lo que respecta a los bosques nativos, si bien el texto sostiene formalmente la prohibición de cambiar el uso y destino original del suelo forestal, suprime de raíz el rígido plazo de blindaje de 60 años establecido con anterioridad, dejando en un vacío temporal la protección efectiva frente a desmontes encubiertos tras siniestros ígneos.
Expropiaciones bajo lupa comercial
El avance del proyecto oficial también restringe fuertemente la capacidad del Estado para intervenir sobre la propiedad mediante la expropiación. El dictamen establece que la declaración de "utilidad pública" por parte del Congreso de la Nación deberá interpretarse bajo criterios estrictamente restrictivos, obligando al Estado a justificar de manera técnica y pormenorizada los motivos de la medida.
Asimismo, se introduce un techo histórico del 30% para el pago de indemnizaciones en concepto de lucro cesante, un elemento ausente en la redacción original emanada de la Casa Rosada y que fue impuesto por las bancadas dialoguistas para evitar reclamos corporativos desmedidos contra las arcas del Estado. A su vez, se determinó por ley una tasa de interés para actualizar los pagos expropiatorios: la compensación económica surgirá del Índice de Precios al Conumidor (IPC) acumulado más la tasa activa del Banco de la Nación Argentina para operaciones de descuento a treinta días.
La letra chica: Fondos buitre y pliegos judiciales
Para asegurar el quórum y la viabilidad del debate de la Ley de Propiedad Privada, el ministro de Economía, Luis Caputo, debió coordinar con el Senado la inclusión de un proyecto de ley complementario de extrema urgencia financiera: la autorización legislativa para abonar un total de U$S 171 millones a dos grandes fondos buitre remanentes de la reestructuración del default del año 2001.
| Fondo Acreedor (Holdout) | Monto Asignado (Efectivo) | Condición de Cierre Legal |
| Bainbridge Ltd. | U$S 67.000.000 | Entrega de títulos contra pago, desistimiento con cosa juzgada y archivo de litigios. |
| Attestor Value Master Fund LP | U$S 104.000.000 | Cancelación de múltiples causas de holdouts (incluye Trinity Investment DAC). |
El Palacio de Hacienda apuró este proyecto debido a que el plazo de los Acuerdos de Conciliación vence indefectiblemente el próximo 30 de junio. El desembolso se ejecutará mediante la modalidad de "entrega contra pago", obligando a los fondos holdouts a transferir los títulos defaulteados a las cuentas soberanas libres de todo gravamen. Con esta medida, el Ejecutivo busca desactivar los litigios que se tramitan en los tribunales de Nueva York y neutralizar el riesgo inminente de embargos contra activos estratégicos del Estado en el exterior, tales como las acciones que la petrolera de bandera YPF posee cotizando en los mercados globales.
Finalmente, la paridad en el recinto requirió ceder espacio en las negociaciones de las estructuras del Poder Judicial. El temario cerró con la previsión de aprobar 50 de los 73 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales que contaban con dictamen favorable. Las negociaciones políticas, encabezadas por el presidente de la comisión de Acuerdos, Juan Carlos Pagotto, derivaron en la postergación y retiro estratégico de la postulación de la candidata oficial Verónica Michelli, cuyo debate quedó relegado para próximas sesiones tras el rechazo del Ejecutivo a pactar bajo presión. En contrapartida, el oficialismo concedió luz verde a los proyectos de ley impulsados por la oposición dialoguista para la creación de nuevas Cámaras Federales de Apelaciones en Mar del Plata (promovido por el radical Maximiliano Abad) y en Tucumán (auspiciado por las senadoras Beatriz Ávila y Sandra Mendoza), sellando un reparto de influencias institucionales que consolida el avance de la agenda de desregulación económica de Javier Milei.
