El Consejo de la Magistratura dio en las últimas horas un paso clave en la denuncia presentada contra la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, por presuntas irregularidades en el ejercicio de su cargo.
La presentación fue impulsada por los consejeros y legisladores de Unión por la Patria, Mariano Recalde y Vanesa Siley, a partir de las medidas dispuestas por la magistrada en el expediente que derivó en la detención de la funcionaria bonaerense Alexia Abaigar.
Desde el organismo informaron que la denuncia fue derivada a la Comisión de Acusación, tras un acuerdo en el Comité de Asignación entre el senador Luis Juez (PRO) y el consejero abogado César Grau. Se trata de la instancia que tiene potestad para recomendar una remoción ante el Plenario.
Los denunciantes sostuvieron que Arroyo Salgado actuó con “manifiesta arbitrariedad”, violó la Constitución Nacional y desconoció normas jurídicas y reglamentarias de forma “inexcusable”.
A su vez, cuestionaron que “dispuso medidas que exceden notoriamente el hecho investigado” y remarcaron el nivel de “sobreactividad” y “espectacularidad”, en referencia a la repercusión pública y política de los procedimientos, que fueron difundidos por dirigentes oficialistas.
Actualmente, la Comisión de Acusación está encabezada por Juez y conformada por Rodolfo Tailhade, Álvaro González, Roxana Reyes, Siley, Grau y Alberto Maques. En caso de que el trámite avance, podría proponerse una sanción de remoción.
De todos modos, fuentes judiciales señalaron que no se descarta un eventual pase del expediente a la Comisión de Disciplina, donde no se contempla la remoción como resultado.
Como parte del proceso, se solicitó que se incorporen copias certificadas de la causa 27672/2025, que continúa bajo secreto de sumario. El expediente tiene como origen el escrache al diputado José Luis Espert.
La intervención de Arroyo Salgado comenzó cuando un grupo colgó un pasacalle frente al domicilio del legislador y arrojó excremento en el lugar. La jueza ordenó varios allanamientos que derivaron en las detenciones de Abaigar, su madre, la concejal Eva Mieri y otras tres personas.
La Cámara Federal de San Martín ordenó luego la liberación de Abaigar, a quien la jueza le había impuesto una caución de 30 millones de pesos. Tras la apelación de la defensa, el tribunal redujo la fianza a 2 millones.
