La Cámara Federal de Casación revisará la decisión de confirmar a la jueza María Eugenia Capuchetti al cargo de la investigación por el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el 1 de septiembre pasado.
La decisión la tomó el tribunal intermedio de apelaciones, la Cámara Federal porteña, que concedió un recurso de apelación presentado por la querella de la vicepresidenta contra el rechazo a su recusación, según Télam, que tuvo acceso a la resolución.
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Los letrados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, abogados de Cristina Fernández, pidieron que el máximo tribunal penal federal del país analice si Capuchetti debe seguir o no en el caso, tras el pedido para apartarla hecho por esa parte.
El 25 de noviembre pasado la sala I de la Cámara Federal confirmó a Capuchetti y rechazó la recusación, ante lo cual ahora se concedió la apelación para llegar hasta Casación.
En un documento que explicita las razones que impulsan a la querella de la perjudicada a lo largo de 60 páginas, la defensa expresó: “No sólo no investiga ni decide de acuerdo con el derecho. No hace nada y obstaculiza lo que hacemos las demás partes”.
“Apartarla es la única forma de encaminar este proceso y de descubrir la verdad", afirman los abogados. "Es claro que su actitud perjudicó los derechos de Cristina Fernández de Kirchner a que se averigüe la verdad y los de todos los argentinos que queremos una explicación de uno de los actos más graves sucedidos en democracia”.
"Estamos ante una magistrada que ha causado la pérdida de pruebas, que no realiza medidas básicas y que tarda semanas en hacer medidas que debería tomar en horas” señalaron Aldazábal y Ubeira, acerca del desempeño de la jueza desde el inicio de la causa.
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De hecho, la investigación se llevó a cabo con numerosos traspiés: por ejemplo, se ordenó "la pericia de la pericia"; se perdieron datos importantes con la eliminación del contenido del celular del principal autor material —Sabag Montiel, quien empuñó el arma y gatilló con intenciones de cometer homicidio—; y se demoró en las detenciones de los sospechosos.
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“No conocemos un solo caso en que la instrucción se haya delegado luego de los procesamientos, y nos llama poderosamente la atención el hecho de que, en una discusión consigo misma, la jueza haya cambiado tres veces en diez días su posición respecto a la delegación. Es absolutamente evidente que estamos ante una causa que supera por mucho a la jueza”, enfatizaron los abogados en argumento a su solicitud.
El juez de la Cámara Federal porteña, Leopoldo Bruglia, dijo ante la circunstancia: "Se advierte que las características del resolutorio puesto en crisis, colocan al proceso en un estado que, si bien no torna imposible la continuación de su trámite, por la entidad que reviste, podría generar un “gravamen irreparable”".
Además remarcó que se trata "de una cuestión que hace a la posible vulneración de la garantía al debido proceso penal" por lo cual encontró "motivo suficiente" para que lo planteado sea "debatido" en Casación.
Paralelamente, la querella de la vicepresidenta Cristina Kirchner insistió esta misma semana, ante la Cámara Federal porteña, para que se amplíe la declaración indagatoria a los tres detenidos y se les impute el delito de asociación ilícita en la causa por intento de magnicidio.
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