Argentina se opuso a una resolución de la Asamblea General de la ONU que busca "intensificar los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas". Esta propuesta recibió el apoyo de 170 países, mientras que 13 naciones optaron por abstenerse. La votación se dio en un contexto reciente en el cual Argentina también fue el único país en rechazar una resolución sobre los derechos de los pueblos indígenas.
El Gobierno argentino se distanció de la mayoría de los países que apoyaron la iniciativa, incluidos Estados Unidos e Israel, dos de los aliados principales del presidente Javier Milei. En cambio, naciones como Rusia, Nicaragua, Irán y Senegal decidieron abstenerse de votar. Esta postura de Argentina en ambas resoluciones resalta una tendencia a diferenciarse de las posiciones internacionales predominantes, lo que ha generado controversia en la arena global.
El rechazo a la resolución sobre violencia de género coincidió con el debut de Gerardo Werthein como canciller de Argentina. En un momento clave de su mandato, el presidente Milei subrayó la importancia de fortalecer los lazos con países como Estados Unidos e Israel, que respaldaron la resolución. Este voto en contra se inserta dentro de una política exterior que busca distanciarse de ciertos consensos internacionales.
La negativa a apoyar la resolución sobre los derechos de los pueblos indígenas también pone de relieve la postura de Argentina frente a los derechos humanos. La resolución sobre los pueblos originarios, que aboga por la protección de sus derechos en ámbitos como la justicia, el medio ambiente y la preservación cultural, contó con el apoyo de países como Brasil, México y Estados Unidos. Sin embargo, la postura argentina aisló al país de estos actores, generando debate sobre sus alianzas internacionales y sus compromisos en el ámbito global.
La decisión de votar en contra de estas resoluciones, en particular la referida a la violencia de género, pone a la administración de Milei en una posición de aislamiento, cuestionando su alineación con los estándares internacionales sobre los derechos humanos y la igualdad.
