Fuerte rechazo al proyecto para arancelar la educación en Caba

Marina Kienast y Roberto García Moritán, legisladores porteños del espacio Republicanos Unidos, presentaron un proyecto en la Legislatura llamado "Reciprocidad sanitaria y educativa interjurisdiccional". Esta iniciativa implica la creación en la Capital de un Sistema de Reciprocidad Interjurisdiccional para que actúe entre la Ciudad de Buenos Aires y las provincias, y que abarque a los sistemas públicos de salud y educación.

Básicamente, lo que plantean desde el espacio que se encuentra dentro de Juntos y que responde a Ricardo López Murphy, es que quienes no sean residentes en capital se les cobre un arancel de manera indirecta para utilizar la salud y la educación pública de la ciudad más rica del país.

Desde que se conoció la iniciativa, fueron muchas las voces que se mostraron en contra de la medida.

En diálogo con Infonews, Mariana Scayola, secretaria general del gremio docente Ademys afirmó: “Es un proyecto claramente privatizador, con ese perfil de concepción de la educación y de la salud como servicios y no como derechos, además de tener un fuerte componente discriminador, con la Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires o cualquier lugar del interior como entes separados”. Scayola plantea que desde su visión, la educación tiene que volver a ser nacional: “El sistema educativo tiene que ser renacionalizado y el financiamiento tiene que estar a cargo del gobierno nacional de manera centralizada. De esta manera, con un mayor financiamiento, mayor presupuesto educativo y un sistema renacionalizado no estaríamos abonando este tipo de cuestiones y siempre sobre la base de un sistema gratuito de educación para todos los niveles”.

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En tanto, la senadora de la provincia de Buenos Aires María Reigada, cuestionó en este medio al líder de Republicanos Unidos: “La verdad que no sorprende, creo que la tendencia a la privatización en López Murphy es constante y nunca tuvo en consideración la necesidad de garantizar el derecho humano o el derecho social a la educación". En este mismo sentido, agregó que el ministro de Economía de la Alianza “nunca tuvo el sentido solidario, el sentido de responsabilidad del Estado de garantizar la educación de todas aquellas niños, niñas, adolescentes, jóvenes, que habitan en suelo argentino y por lo tanto en cada jurisdicción la misma responsabilidad. La privatización de la educación es lo que pretenden y cualquier eslabón que los acerque hacia la privatización a ellos les viene bien”.

Ante la posibilidad de que el proyecto se apruebe en la Legislatura, Reigada sostuvo que “habría que plantear la inconstitucionalidad si llega a salir algo así. La Constitución plantea que todos quienes habitamos el suelo argentino tenemos los mismos derechos, creo que se está dando una discriminación que generaría una posibilidad de declaración de inconstitucionalidad. No sé si con esta Corte pero sí con una Corte que tenga más apego a los principios de nuestra Constitución esto sería de Perogrullo".

Por su parte, en su exposición en la Legislatura Porteña, Alejandrina Barry , legisladora PTS/FIT y miembro de la comisión de educación afirmó: “Son temas que la derecha siempre saca a relucir cuando se acercan las elecciones. Ahora es por un tema de sus internas y ver quién está más a la derecha. No sólo es ridículo porque no cuentan todos los impuestos que pagan quienes días a día entran a la Ciudad a trabajar, también es sintomático de cuál es su lógica: ellos ven a los derechos constitucionales como “servicios” y a las y los estudiantes como un “costo” que evalúan en $2.800 millones”.  A su vez, cuestionó el manejo del dinero por parte de la administración de Rodríguez Larreta al señalar que “paralelamente vemos que el presupuesto de $3.400 millones  que destinan a publicidad parece que están destinando una gran parte a la candidatura del jefe de gobierno porteño y a su campaña ‘la transformación no para’. Se ve que esto no les molesta a sus diputados”.

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