Tras la represión, el Gobierno denunció a los manifestantes y apunta a penas de hasta 30 años
La presentación penal quedó radicada en la Justicia Federal luego de la represión registrada durante la protesta realizada mientras el Senado debatía la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La CPM denunció que hubo más de 1500 heridos civiles.
El Gobierno nacional, por intermedio del Ministerio de Seguridad que conduce Alejandra Monteoliva, presentó una denuncia penal por los hechos registrados durante la protesta realizada frente al Congreso mientras el Senado debatía la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
La presentación quedó radicada en la Justicia Federal y fue impulsada por los funcionarios Germán Pugnaloni y Lisandro Franco, quienes solicitaron la "inmediata investigación y posterior detención de los responsables" por los hechos ocurridos el 6 de agosto.
Los delitos incluidos en la presentación
El escrito -citado por El Destape- menciona la posible comisión de los delitos de atentado al orden constitucional y a la vida democrática, daño agravado, atentado agravado contra la autoridad y resistencia a la autoridad.
Además, plantea que esas figuras podrían quedar alcanzadas por el agravante previsto en el artículo 41 quinquies del Código Penal.
Según la denuncia, la figura de mayor gravedad corresponde al artículo 226, que contempla penas de entre cinco y quince años para quienes se "alcen en armas", entre otros objetivos, con el fin de impedir, incluso de manera temporal, el ejercicio de las facultades constitucionales de un poder público.
El documento también sostiene que la aplicación conjunta del artículo 41 quinquies podría elevar esa escala hasta un máximo de treinta años de prisión. El artículo 41 quinquies del Código Penal argentino establece una agravante genérica que duplica la escala penal (mínimo y máximo) de cualquier delito común si se comete con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a autoridades a realizar un acto o abstenerse.
En ese sentido, la propia denuncia explica que los delitos postulados, entre ellos los del artículo 226, "podrían encontrarse agravados por haber sido cometidos con la finalidad de compeler a las autoridades públicas nacionales a abstenerse de cumplir con sus cometidos funcionales y constitucionales (art. 41 quinquies del CP)".
Kicillof participó de la marcha frente al Congreso
Qué sostiene el Ministerio de Seguridad
La presentación judicial afirma que durante la movilización algunos manifestantes arrojaron "piedras, escombros y otros objetos contundentes" contra las fuerzas de seguridad.
También menciona daños sobre baldosas, bancos públicos y vehículos policiales, además de efectivos lesionados.
Según el Ministerio, esos hechos podrían haber buscado "inhibir y/u obturar, en forma parcial o plena, la actividad legislativa".
Entre las medidas solicitadas figura la preservación de registros fílmicos, la identificación de los participantes, la determinación de los daños ocasionados y la investigación sobre quienes pudieron colaborar, participar o instigar los hechos, además de eventuales organizaciones vinculadas con la protesta.
El operativo de seguridad y los detenidos
La movilización terminó con un amplio despliegue de las fuerzas de seguridad en las inmediaciones del Congreso.
De acuerdo con la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el operativo dejó 28 personas detenidas: 21 por efectivos de la Gendarmería Nacional y la Policía Federal, y otras siete por la Policía de la Ciudad.
La CPM informó que la intervención comenzó alrededor de las 16.30, cuando el Senado debatía el proyecto, y señaló que participaron efectivos de la Policía Federal, Prefectura y Gendarmería.
Según ese organismo, durante el operativo se utilizaron gases lacrimógenos, otros agentes químicos y camiones hidrantes. Además, calificó el procedimiento como una de las jornadas represivas "más violentas y extendidas en tiempo y distancia" de los últimos años.
Unas 1.500 personas heridas en una de las represiones más salvaje del último tiempo
— Comisión Provincial por la Memoria (@CPMemoria) August 7, 2026
Frente a una multitud que protestaba pacíficamente contra la ley de propiedad privada, las fuerzas de seguridad desplegaron una represión tan salvaje, que cuenta con pocos precedentes.
La… pic.twitter.com/YPUSIWD8dJ
Los hechos registrados durante la protesta
El operativo continuó durante varias horas y se extendió hacia distintos sectores del centro porteño.
La Comisión Provincial por la Memoria sostuvo que las fuerzas de seguridad avanzaron más allá del vallado y definió el procedimiento como un "acto de intimidación" destinado a dispersar la manifestación.
El organismo también indicó que la intervención alcanzó otros puntos de la ciudad, incluida la avenida 9 de Julio, donde se registraron disparos de balas de goma mientras circulaban vehículos y peatones.
Durante los incidentes, una fotógrafa que cubría la movilización sufrió un golpe en la cabeza y permaneció a la espera de una ambulancia en la intersección de Lima y Avenida de Mayo.
La protesta había sido convocada para rechazar el proyecto oficial luego del retiro del capítulo referido a la modificación de la Ley de Tierras. La jornada también estuvo marcada por las tormentas que afectaron al Área Metropolitana de Buenos Aires.