Caputo, Economía y licitación por el GNL: el Gobierno a punto de caer en un nuevo caso de corrupción
El Gobierno intervino una licitación de gas licuado tras detectar ofertas que duplicaban precios previos. La operación supera los USD 1.200 millones y ya es investigada por la Justicia por presuntas irregularidades.
Las claves
- Economía intervino de urgencia una licitación de gas por posibles sobreprecios
- Las ofertas duplicaban los valores pagados en años anteriores
- La operación involucra montos millonarios para el abastecimiento de invierno
- Un funcionario del área energética ya está bajo investigación judicial
- El Gobierno evalúa rehacer el proceso ante el riesgo de escándalo
Intervención urgente por sospechas de sobreprecios
El Ministerio de Economía tuvo que realizar una intervención inmediata en una licitación de gas natural licuado tras detectar valores que encendieron alarmas dentro del propio Gobierno.
La operación, impulsada desde el área de Energía a cargo de Daniel González, contemplaba la compra de GNL para el invierno con ofertas que superaban ampliamente los antecedentes recientes.
“Precios siderales” y alerta interna
Las propuestas presentadas por empresas internacionales duplicaban los valores pagados anteriormente por el Estado. En el sector, la reacción fue inmediata.
“Hubo joda”, afirmó un empresario energético a LPO, al referirse a los montos ofertados, que generaron preocupación por el impacto fiscal y tarifario.
Ante este escenario, el Ministerio de Economía ordenó a Enarsa solicitar una mejora en las ofertas, mecanismo previsto en los pliegos ante precios similares.
Ofertas a la baja, pero aún bajo sospecha
Tras la intervención, las empresas ajustaron sus propuestas. Sin embargo, los valores continuaron en niveles elevados en comparación con años anteriores.
Dentro del Gobierno, incluso se evaluó declarar desierta la licitación, aunque finalmente se optó por pedir revisiones para ganar tiempo en medio de la presión política.
El trasfondo: urgencia y falta de previsión
El proceso se da en un contexto de urgencia por garantizar el abastecimiento energético para el invierno. La necesidad de importar cargamentos de gas en plazos ajustados limita las opciones disponibles.
Además, el escenario internacional, atravesado por conflictos que afectan la oferta global, presiona al alza los precios.
Investigación judicial en paralelo
El caso se agrava por el frente judicial. El funcionario Daniel González ya se encuentra bajo investigación por otra operación vinculada a la compra de energía.
La fiscal Paloma Ochoa solicitó medidas de prueba en una causa que investiga presuntos delitos como malversación de fondos y abuso de autoridad.
Entre los pedidos, se requirió información a Cammesa sobre operaciones de importación eléctrica.
Un escenario incómodo para el Gobierno
El Ejecutivo enfrenta ahora una decisión compleja: avanzar con precios elevados, con impacto en subsidios y tarifas, o reiniciar el proceso licitatorio.
Ambas opciones implican costos políticos y económicos en un contexto de creciente sensibilidad sobre el gasto público y la transparencia.