Desapariciones forzadas en Venezuela: nuevo informe de Amnistía Internacional
La ONG de Derechos Humanos contabiliza que casi 50 personas se encuentran desaparecidas en el país comandado por Nicolás Maduro.
Un informe de Amnistía Internacional (AI) reveló que las desapariciones forzadas en Venezuela constituyen crímenes de lesa humanidad, perpetrados por el gobierno de Nicolás Maduro como parte de un ataque sistemático contra la población civil, especialmente contra aquellos percibidos como disidentes.
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El documento, titulado "Detenciones sin Rastro: El crimen de desaparición forzada en Venezuela", analiza 15 casos documentados desde las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 hasta el 15 de junio de 2025. De ellos, 11 personas, incluyendo ciudadanos de diversas nacionalidades (estadounidenses, franceses, españoles, ucranianos, colombianos y uruguayos), permanecen en paradero desconocido.
Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, enfatizó la "crueldad sin límites" de las autoridades venezolanas y el "daño irreparable" que estas desapariciones causan a las víctimas y sus familias. Instó a la comunidad internacional a no permanecer indiferente y a exigir una respuesta contundente.
La investigación de AI establece que para que se configure una desaparición forzada, deben darse tres elementos: detención por agentes estatales, y la negación u ocultamiento del paradero de la persona detenida. El patrón de represión tras las elecciones de 2024 fue "a una escala no vista anteriormente".
Organismos como la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) son señalados como los principales responsables de estas detenciones arbitrarias.
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Un caso paradigmático es el del argentino Nahuel Agustín Gallo, cabo primero de la Gendarmería Nacional, detenido el 8 de diciembre de 2024 al ingresar a Venezuela. Permanece en la cárcel de El Rodeo I sin imputación formal ni acceso a defensa, una situación denunciada por el gobierno argentino y calificada como crimen de lesa humanidad por la OEA.
La mayoría de las detenciones, según AI, carecen de base legal y tienen una motivación política, dirigidas a quienes participaron en protestas, transportaron a figuras políticas o son activistas, periodistas o defensores de derechos humanos.
Las familias de los desaparecidos han recorrido incansablemente organismos gubernamentales, fiscalías y centros de reclusión sin obtener respuestas sobre el destino de sus seres queridos. Además, existen indicios de que las víctimas podrían haber sido sometidas a tortura para obtener "confesiones" o "testimonios" forzados.
Amnistía Internacional reitera que la desaparición forzada es un crimen de derecho internacional con prohibición absoluta, sin excepciones. Por ello, insta a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a avanzar en su investigación, incluyendo este crimen de lesa humanidad.
Finalmente, la organización exige al Estado venezolano el cese inmediato de estas prácticas, la liberación de los detenidos arbitrariamente por motivos políticos y la garantía del derecho de las familias a conocer la verdad. También llama a la comunidad internacional a utilizar todos los medios para exigir rendición de cuentas y apoyar a los defensores de derechos humanos.
Al cierre del informe de Amnistía, al menos 46 personas podrían estar desaparecidas forzadamente, según información recabada por la organización Foro Penal.