Al horni: la Justicia ordenó abrir el secreto bancario y fiscal
El juez Ariel Lijo pidió reconstruir la trazabilidad del dinero utilizado para costear los viajes privados del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario para avanzar en la investigación sobre quién pagó los viajes privados del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Punta del Este y otros destinos. La decisión apunta a reconstruir el circuito del dinero utilizado para costear los vuelos y determinar si existieron beneficios indebidos o un incremento patrimonial que el funcionario no pueda justificar.
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De acuerdo con la investigación, uno de los focos está puesto en la empresa Alpha Centauri S.A., a la que se le requirió documentación contable, registros bancarios y comprobantes de pago vinculados a la contratación de los vuelos. Además, la Justicia ya cuenta con facturas de los viajes en jet privado y pidió a distintos organismos que operan en el aeropuerto de San Fernando que aporten registros y cámaras de seguridad para reconstruir en detalle los traslados.
La fiscalía especializada en hechos de corrupción, a cargo de Gerardo Pollicita en este tramo del expediente, impulsa medidas para “reconstruir la trazabilidad del dinero” y pidió certificar si existen otras causas conexas contra Adorni por presunto enriquecimiento ilícito o dádivas. En paralelo, otro expediente por enriquecimiento ilícito promovido por la diputada Marcela Pagano podría unificarse con esta causa, lo que ampliaría el alcance de la investigación sobre el patrimonio y los beneficios recibidos por el jefe de Gabinete.
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La polémica por los viajes de Adorni se suma a otro frente judicial que indaga el uso del avión presidencial para llevar a su esposa en un viaje oficial a Nueva York, donde se analiza un posible caso de malversación de caudales públicos. En ese expediente, la fiscal Alejandra Mángano solicitó a la Secretaría General de la Presidencia la nómina completa de pasajeros de la comitiva y las normas que regulan el uso de las aeronaves oficiales.
Por ahora, la clave para los investigadores será determinar con precisión quién abonó los vuelos privados y bajo qué condiciones, para establecer si se trató de una contratación regular, un beneficio indebido financiado por terceros o un uso irregular de recursos del Estado.