El drama de alquilar una vivienda en Argentina
Así está la situación de cara al vencimiento del DNU que congeló el precio de los alquileres. Piden nueva prórroga y declaración de la emergencia habitacional.
El pasado mes de enero la Comunidad Federal Inquilina y No propietaria publicó el primer informe relativo a la encuesta realizada por la misma en contexto de pandemia y con perspectiva de género, sobre una muestra de casi 1.400 personas de distintas partes del territorio. De este universo, nada menos que el 69% de las encuestas fueron completadas por mujeres. Un punto sobresaliente del informe es que cerca del 64% de hogares manifestaron destinar más del 40% de sus ingresos al pago del alquiler, un alarmante 58% sacrificó alimentos para pagar el alquiler y un 63% se endeudó durante la pandemia.
El próximo 31 de marzo vence, salvo que el Gobierno Nacional tome alguna medida de prórroga, el DNU que congeló y postergó para más adelante el pago de atrasos y aumentos en el precio del alquiler y prohibió los desalojos. El resultado, desde nuestra acción diaria asistiendo, asesorando y acompañando hogares inquilinos que vienen sufriendo y padeciendo un constante hostigamiento por parte del sector inmobiliario y un porcentaje creciente del sector propietario, es una profunda crisis de violencia habitacional. Necesitamos decir BASTA.
Como ya advertimos en otros escritos, privatizar el problema pateándolo para más adelante con una prórroga tras otra, prohibiendo declamativamente desalojos y aumentos al tiempo que brillan por su ausencia acciones concretas para garantizar su implementación, está muy lejos de ser una solución efectiva.
Más aún cuando desde las mismas instancias gubernamentales se ha procedido a notorias intervenciones en sentido contrario, con desalojos que incumplen protocolos y presupuestos básicos tanto de tratados como del derecho constitucional y local. Ello ha valido la denuncia desde organizaciones tanto nacionales como internacionales, por un lado, y se ha constituído en un indefendible "efecto llamada", llamada para la multiplicación de hostigamientos y desalojos ilegales y violentos perpetrados desde un sector enfurecido económicamente. Y que manifiesta y denuncia ser el objeto de una imposición desequilibrada y unilateralmente impuesta de la carga, sin distinciones ni matices, del costo de garantizar un derecho humano cuyo obligación última corresponde al Estado. Y ello, sin perspectivas, todavía hoy, de una salida ordenada para una situación que ya para muchos, de uno y otro lado, ha devenido límite.
Esta parálisis gubernamental en el diseño e implementación de un plan de choque frente a la gigantesca crisis -hoy ya emergencia- , habitacional, contrasta enormemente con la celeridad en que, en las últimas semanas, se ha impulsado la aprobación de sendos proyectos originados en el sector de los desarrolladores inmobiliarios, bajo la pretensión de reactivación de la construcción como motor económico. Para ello, se propone un sistema de blanqueo y beneficios impositivos en la promoción de la obra privada (Ley aprobada esta semana) y la ley Promoción del Crédito Hipotecario (Proyecto de Ley en Diputados) cuyos textos han sido elaborados sin ninguna articulación ni participación por parte de quienes necesitan acceder a una vivienda. Así, estas regulaciones no ofrecen ninguna garantía ni delimitación que asegure su efectividad para proyectos que respondan a la necesidad de vivienda de los sectores medios y bajos. Peor aún, la falta de articulación de tales proyectos con los Ministerios de Desarrollo Territorial, Ministerios de Géneros y Ministerio de Desarrollo Social indica que, de ser aprobados en su texto original o no incluir criterios de delimitación más precisos en su reglamentación, seguirán alimentando la puja especulativa por el acceso al suelo, el aumento de costos de los materiales, la desigual distribución de la plusvalía generada y el impulso de proyectos destinados al sector más acomodado de la población cuando no, tal como manifestó el propio Senador Parrilli en el debate en comisión del senado del pasado 17 de Febrero, para la construcción de mansiones o viviendas de lujo.
Esta Comunidad ya publicó sendos informes y propuestas de modificación al proyecto de blanqueo aprobado esta misma semana, y que recibieron la adhesión de un amplísimo sector de las organizaciones que trabajamos por una garantía del acceso al hábitat que no siga profundizando la desigualdad espacial y urbana que puede resultar de estos proyectos. La finalidad de dichas propuestas se centraba en subsanar este grave desequilibrio entre el sector de la oferta, impulsor de los proyectos de construcción para negocios y venta "al mejor postor", con el sector de la demanda, población trabajadora, inquilina y no propietaria que hoy no puede acceder de ninguna manera a un mercado dolarizado de vivienda. *(Puede verse nuestro informe y propuestas de modificación de este proyecto en los siguientes links: https://observatoriociudad.org/s-o-s-blanqueo-y-exenci%C3%B3n-para-proyectos-inmobiliarios-regresivos/;
Esta misma parálisis en el diseño de un plan de salida realista, genera a su vez la publicación de propuestas por parte de quien detenta hoy la posición dominante de un mercado que, como hemos señalado, ha generado una multiplicidad de abusos y malas praxis cuyo resultado es la violencia habitacional hoy extendida a lo largo y ancho del territorio argentino. (*Véase el comunicado del Colegio Federal de Corredores Inmobiliarios.)
Sin entrar a valorar la intencionalidad última detrás de las propuestas publicadas esta semana por el CoFeCi y a las que respondemos públicamente en otro comunicado (*..........) urge comprender que la solución no reside en el sector privado, sino necesariamente en el poder ejecutivo y legisladores, desde los tres niveles de la administración. Para ello, es necesario que avancen efectivamente tanto en una política estratégica de vivienda como en la reglamentación e implementación de las garantías previstas programáticamente en la Nueva Ley de Alquileres, como son El Programa de Alquiler Social y el impulso y creación de los Centros de Atención y Resolución de Conflictos, con fórmulas de mediación accesibles y gratuitas.
Igualmente, y frente a la próxima finalización de última prórroga del DNU, el Gobierno no puede demorar más la implementación de un plan de desendeudamiento y salida bajo las premisas de la garantía del derecho a la vivienda y el esfuerzo compartido. La tarjeta Alquil.ar, propuesta por el CoFeCi, así como la de construcción de vivienda (sin mencionar su integración a ningún plan nacional de suelo ni de ordenamiento territorial con inclusión social) para alquiler desde el sector privado, redundan nuevamente en el problema porque ponen el foco en la vivienda como negocio y no como derecho humano. Y eso no debe extrañar puesto que la lógica de estos sectores es la de seguir garantizando los ingresos y la renta del sector propietario e inmobiliario (de ahí la propuesta de un subsidio para el pago del alquiler a propietarios y no para el desendeudamiento de los hogares, por la deuda que muchos contrajeron frente a terceros para poder pagar el alquiler ante las amenazas de desalojos y hostigamiento que no cesaron durante la pandemia). Es comprensible que el sector inmobiliario lea y vea todo sesgadamente y para beneficio del sector dominante. Al fin y al cabo, como dice la fábula, no puede culparse al escorpión por ser y actuar conforme a su naturaleza. La responsabilidad de ponerle el límite y evitar el desastre recae en otro lado.
La reglamentación, tras nueve meses de larguísima espera, del registro de los contratos de alquiler en la AFIP, es un primer paso. Esperamos que su implementación permita comenzar a poner orden, y límites, a un mercado que durante demasiado tiempo ha campado a sus anchas en la informalidad, la evasión impositiva de los grandes tenedores y la invisibiliización de la profunda desigualdad entre la obtención de renta por parte de un sector social frente a la enorme dificultad de acceso a la vivienda de la población trabajadora y no propietaria en nuestro país.
Pero hoy urge trabajar articuladamente entre organizaciones e instituciones del Estado para la generación de un nuevo pacto social habitacional y una política estratégica de vivienda que incorpore las propuestas que, desde el sector inquilino y no propietario, venimos solicitando se diseñen de forma coherente con la garantía legal del acceso a la vivienda digna.
Algunas de las propuestas son:
-Declaración de la emergencia habitacional.
-Subsidio para el desendeudamiento de hogares inquilinos en contexto de pandemia.
-Prórroga del D.N.U. por 6 meses, con posibilidad de salida progresiva y adelanto de atrasos mediante convenios de renovación dentro de un programa de "Alquileres Cuidados".
-Reglamentación e impulso del Programa de Alquiler Social y Los Centros de Atención y Resolución de Conflictos previstos en la Ley 27.551
-Mesa Interministerial con participación ciudadana para monitoreo y propuestas de salida a la emergencia habitacional y a la problemática de la población inquilina y no propietaria.
-Modificación de la Ley de Fomento de la Obra Privada y reglamentación acorde según las propuestas planteadas por las organizaciones sociales. Financiación parcial del subsidio para hogares inquilinos mediante la recaudación resultante del blanqueo para la construcción.
-Fomento de las Cooperativas de Vivienda para la construcción de vivienda asequible.
-Modificación del Proyecto de Ley para la Promoción del Crédito Hipotecario para evitar procesos especulativos, burbuja inmobiliaria y desigualdad en el acceso a la financiación en los sectores medios y bajos, con perspectiva de género.
-Plan Nacional de acceso al hábitat para sectores medios y bajos.
-Nuevo Pacto Social Habitacional para la Reforma Urbana, la democratización de la propiedad y la reversión del proceso de inquilinazación e inestabilidad en la tenencia de la vivienda.
* Ana Fernández Borsot. Es Licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona (1995). Abogada Stagiaire en Lille y titular del C.A.P.A. (Certificado de Aptitud para la Profesión de Abogado en Francia), por la Cour d'Appel de Douai. (1996 / 97). Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, especialidad Medio Natural, por el I.N.E.F. de Catalunya (2008). Diploma del IDHC (Institut de Drets Humans de Catalunya) sobre el funcionamiento, proceso de acceso y jurisprudencia del Tribunal Europeo de DDHH (2.018) Fundadora y coordinadora de la Plataforma por la Vivienda Digna en El Chaltén (2016). Asesora de la Municipalidad de El Chaltén (2019) para el desarrollo de una Política Pública de Hábitat, Vivienda y Alquileres, con participación ciudadana.
