El Centro de Estudios Legales y Sociales publicó este miércoles en su cuenta de Twtter un video en el que denuncia la criminalización del aborto en Argentina, y toma como disparador la historia de "Laura", una joven que "llegó a Córdoba para estudiar, tuvo un aborto y un fiscal ordenó su detención".
En su página web, el CELS informa que, entre 2012 y la actualidad, registró "en medios de todo el país 73 casos de criminalización de mujeres por abortos u otros eventos obstétricos".
En el informe elaborado por el CELS, la edad y el contexto vulnerable en el que se encuentran estas mujeres es uno de los indicadores principales que culminan en la criminalización y estigmatización.
"En los 26 abortos y los 47 eventos obstétricos relevados la abrumadora mayoría de las mujeres pertenece a sectores sociales vulnerables: no tiene trabajo remunerado, tiene un bajo nivel de instrucción formal y vive en condiciones habitacionales precarias. Se trata de mujeres que necesitaban el cuidado del Estado y la garantía de sus derechos. Sin embargo, la política penal que sostiene la persecución de abortos se orientó y orienta hacia las mujeres pobres", informa el Centro de Estudios.
Precisan, además, que de momento no encontraron varones trans o personas no binarias criminalizadas en ese sentido.
Por otra parte, indican que "la mayoría de las mujeres tiene menos de 30 años y muchas de ellas tienen une o más hijes" y aclaran que los "eventos obstétricos" refieren a casos como los de Belén: "situaciones en las que una complicación en un parto inesperado, un parto en condiciones paupérrimas o un aborto espontáneo terminan en acusaciones penales graves. En el 50% de los casos de aborto y en más del 75% de los eventos obstétricos estuvieron detenidas".
La penalidad del aborto se afirma como un control sobre el cuerpo y la capacidad reproductiva de las mujeres.
La investigación que realiza este espacio junto a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y otras organizaciones, indica que gran parte de estas mujeres estuvo sometida a investigaciones penales que no respetaron el debido proceso, y que "muchos de los casos fueron denunciados por personal de salud, en violación de la garantía de confidencialidad en la atención médica, y fueron maltratadas durante la internación, lo que supone hechos de tortura".
Además de ello, muchas "sufrieron allanamientos ilegales, fueron sometidas a interrogatorios forzados, obligadas a declarar contra sí mismas y tuvieron un nulo o deficiente asesoramiento legal".
"La criminalización se inserta en un dispositivo de castigo más amplio que involucra a medios de comunicación, efectores de salud, policías de guardia en centros de salud y comisarías, personal judicial y agentes del servicio penitenciario. Muchas de estas mujeres están en los diarios porque sus nombres fueron "filtrados" a la prensa como un castigo social suplementario, con coberturas estigmatizantes, que repercuten en su vida, en la de sus hijes, en sus familias y afectos", advierten.
"Es urgente que el Congreso trate y apruebe un proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Necesitamos más derechos y menos condenas", concluyeron.
Desde noviembre de 2019 el CELS coordina una investigación sobre criminalización del aborto y de otros eventos obstétricos junto con la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, el Centro Universitario San Martín (CUSAM) y las investigadoras Gloria Orrego-Hoyos, María Lina Carrera y Natalia Saralegui. La investigación cuenta con el apoyo de la Asociación de Pensamiento Penal y del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.