Este jueves, a tres décadas del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que dejó 85 muertos y 300 heridos, la vicepresidenta Victoria Villarruel aseguró que Argentina "no va a tolerar amenazas de ningún estado" y tampoco que se atemorice a la población. A la vez, dijo que su gobierno reclama por "las víctimas del terrorismo". No obstante, lo cierto es que, desde las organizaciones de DD.HH. demandan que ningún gobierno logró ni justicia ni reparación para las víctimas y familiares.
"Reclamamos como Estado argentino verdad, justicia y reparación para cada una de nuestras víctimas", señaló al llegar a la sede de la AMIA, y añadió con firmeza: "Esto significa que Argentina no va a tolerar amenazas de ningún otro estado ni va a tolerar que su población esté aterrorizada".
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"La memoria se ejerce todos los días porque hay muchas víctimas del terrorismo en Argentina y en el exterior y el Gobierno del presidente Milei reclama por todas ellas. Nuestra preocupación es que los argentinos vivan bien, que logremos poner al país de pie, que vivamos en un país donde realmente los derechos humanos se respeten —que conste que, sin ir más lejos, se alertó que, en la Ciudad, se está enviando a las personas en situación de calle sin problemas de salud mental a el Hospital Borda y otros psiquiátricos, a la vez que Capital Humano retiene 65.000 frazadas para entregar—, que la Constitución se respete. El resto corre del lado de quien amenaza", aseveró.
Villarruel dijo además: "La lectura que para nosotros tiene esto es que aquel que con los hechos comete atentado luego también va a tratar de atemorizar a la población y está en nosotros el unir el entramado social para que no se sienta temor y miedo". Palabras razonables, pero que se contradicen en tanto el mandatario argentino continúa desafiando a autoridades de otros países, como lo hizo en el caso de Irán, España y Brasil.
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La Corte IDH acusa al Estado argentino
Recientemente, en junio de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) encontró al Estado argentino responsable por no haber adoptado medidas razonables para prevenir el atentado ocurrido el 18 de julio de 1994.
“A casi treinta años del atentado, continúa sin conocerse la verdad de lo sucedido y no ha habido sanción para los responsables del atentado ni para los responsables de su encubrimiento. De esta forma, ha sido la propia actuación estatal la que ha impedido a las víctimas y a sus familiares conocer la verdad de los hechos a través de la investigación y el proceso penal”, afirmó la Corte en su sentencia.
La medida principal de la Corte fue ordenar que "el Estado argentino remueva todos los obstáculos para investigar el atentado y el encubrimiento en un plazo razonable", por lo que la gestión libertaria sería la actual responsable de esclarecer lo sucedido.