En un fallo que se planta de manos a las intenciones de Joe Biden de frenar la locura armada que envuelve a los Estados Unidos, la Corte Suprema de ese país reafirmó el derecho de los ciudadanos a portar armas de fuego en público.
La decisión, tomada en medio de una escalada de violencia con tiroteos masivos que dejaron múltiples víctimas mortales en el país, se volcó en un fallo de 6 votos contra 3 y anula una ley de Nueva York que databa de 1913 y requería que una persona demostrara que tenía necesidades legítimas de defensa personal para recibir un permiso de porte de armas, al tiempo que impedirá a los estados restringir el derecho de las personas a armarse.
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El presidente Joe Biden se declaró "profundamente decepcionado" por la decisión, que "contradice tanto el sentido común como la Constitución", según dijo.
"Esta sentencia contradice tanto el sentido común como la Constitución y debería molestarnos a todos profundamente", afirmó el mandatario en un comunicado distribuido por la Casa Blanca.
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A pesar de los crecientes llamados a limitar las armas de fuego tras dos tiroteos masivos que conmovieron al país en mayo, el alto tribunal respaldó a quienes sostienen que la segunda enmienda de la Constitución garantiza desde 1788 el derecho a poseer y portar armas, según un cable de la agencia Télam.
Los locos del rifle
Se trata del primer fallo de la Corte Suprema en una década relativo a la Segunda Enmienda y una importante victoria para la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por su sigla en inglés), el poderoso lobby de las armas.
"Es una victoria decisiva para los buenos hombres y mujeres de todo Estados Unidos y es el resultado de una lucha de décadas que ha liderado la NRA", dijo el vicepresidente ejecutivo de esa asociación, Wayne LaPierre, en un comunicado citado por la agencia de noticias AFP.
"El derecho a la legítima defensa y a defender a la familia y los seres queridos no debe terminar en el hogar", agregó.
La Corte Suprema de EEUU pasó a tener, con el expresidente Donald Trump, una mayoría conservadora de seis magistrados de los nueve totales, tras el nombramiento de la jueza Amy Coney Barrett pocos meses antes del fin del mandato del republicano.
Desde entonces, organizaciones sociales y sectores políticos progresistas alertan que el máximo tribunal puede arremeter contra algunos de los derechos fundamentales ya adquiridos.
