La diputada nacional Brenda Vargas Matyi, junto a la senadora nacional María Eugenia Catalfamo y el director del Observatorio de Familias y Juventudes del Congreso de la Nación, Federico Cermelo, lanzaron el proyecto de una Ley Nacional de Juventudes para ser tratado en Diputados.
La presentación del texto fue en el marco de la jornada “La Patria se hace joven con una Ley Nacional de Juventudes”, que contó con la presencia de senadores y diputados nacionales, funcionarios de áreas de Juventudes de diferentes provincias y representantes de cinco regiones de la Red Federal de Juventudes de la Federación Argentina de Municipios.
La diputada matancera explicó que, de aprobarse la ley, no sólo se estarían reconociendo los derechos de las juventudes, sino que también “el Estado adquiere deberes que debe cumplir con los y las jóvenes”. “Cuando deciden irse del país o eligen recurrir a la violencia, es porque el Estado no pudo apoyarlos y acompañar su crecimiento”, reflexionó y añadió: “Necesitamos la inversión del Estado nacional para que haya políticas públicas concretas y reales para nuestras juventudes”.
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¿CÓMO?
El texto apunta a instituir un marco integral para las políticas públicas dirigidas a la población de entre 18 y 29 años, mientras genera espacios de participación de las juventudes con el fin de diseñar nuevas iniciativas, con una perspectiva federal. “Tenemos que escuchar más a los jóvenes, conocer cuáles son sus demandas, problemáticas, dificultades”, indicó la senadora sanluiseña Catalfamo, durante su intervención en el evento.
“Las juventudes no tienen una normativa marco, existen tratados internacionales que la Constitución ha recepcionado, pero no existen leyes que en lo concreto regulen políticas para las juventudes y exijan compromiso del Estado para con ellas”, analizó Cermelo.
El proyecto fue redactado por Catalfamo y obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores en el 2021. Su objetivo es promover el “desarrollo integral” de las juventudes y su “participación activa en todos los ámbitos de la vida nacional, en condiciones de equidad, diversidad y solidaridad”, según figura en el expediente, que ingresó a Diputados bajo el número 0074-S-2021.
