Por Eduardo Anguita
El gobierno de Mauricio Macri no es una dictadura, ganó con legitimidad tras prometer en su campaña que uniría a los argentinos, combatiría el narcotráfico y terminaría con la pobreza. En el cabeza a cabeza entre Macri y Daniel Scioli, un altísimo porcentaje de los ciudadanos votaban por el cuidado en las formas, el diálogo y el disenso. Una conducta que, a todas luces, sufre una mutación en la sociedad argentina. Durante años, tras la violencia criminal del Estado en diciembre de 2001 y los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán hubo un consenso generalizado contra la represión a la protesta social. El juez de Jujuy Gastón Mercau tomó la decisión de procesar a Milagro Sala por una carátula que, para muchos juristas, está más cerca de una contravención que de un delito penal: instigación a cometer delitos y tumultos. Se inició la causa pero sin Sala en libertad. Es decir, el magistrado creyó que la dirigente social y diputada del Parlasur podía fugarse y en consecuencia es preciso mantenerla en prisión. Luego, la defensa de Sala presentó el habeas corpus para que la causa tramitara con ella en la calle. Pero no, hasta la Cámara Federal de Salta considera necesario mantener presa a la dirigente de la Tupac Amaru. Esto es lo concreto: no está encarcelada por desviar fondos ni por la muerte de un joven jujeño ni por vínculos con grupos mafiosos. Entonces, ¿cómo se puede debatir respecto de si Sala es sensata o no a la hora de hacer política con un gobernador que saca 58% de los votos? Si la respuesta es la violencia del Estado, los matices, los argumentos para convencer y llegar a acuerdos se desvanecen. No obstante, varios referentes del peronismo y de los derechos humanos tratan de no entrar en el juego de golpe y cotragolpe. El próximo miércoles, por iniciativa de los ex embajadores en el Vaticano y ante la Unesco, Eduardo Valdés y Miguel Ángel Estrella, habrá un gran concierto de Música Esperanza en San Salvador de Jujuy. Se trata de una movida cultural para pedir por la libertad de Sala que abra la cancha y tome en serio la buena idea de campaña electoral tendiente a unir a los argentinos. Hay una distancia sideral entre el mundo Davos y las barriadas pobres jujeñas. La brecha entre ricos y pobres es tan grande que no es creíble el argumento de que la instigación a cometer delitos y tumultos no esté relacionada, al menos de algún modo, a la voracidad de los 62 megamillonarios que tienen riquezas y ganancias equivalentes a lo que suman los 3.500 millones de habitantes del planeta con menos ingresos.
La pregunta es inquietante: ¿en qué consiste la seguridad? Un grupo de organizaciones académicas y sociales acaba de pronunciarse ante el decreto del PEN que declaró la emergencia en seguridad. Afirman que "sin apoyarse en diagnósticos claros, pone en marcha medidas que profundizan las peores tendencias en materia de políticas de seguridad. Para dar respuesta a demandas sociales legítimas, otra vez se realizan anuncios efectistas pero ineficaces, con el agravante de que en esta oportunidad la escalada punitiva llega a habilitar una pena de muerte encubierta", en clara referencia a la decisión de habilitar el uso de artillería y armas letales en caso de que un avión resulte sospechoso de trasladar estupefacientes.
Entre las firmas hay una gran variedad. Por citar algunos de los organizadores, León Carlos Arslanian, Alberto Binder, Gastón Chillier, Gabriel Kessler, Gustavo Palmieri, Marcelo Saín, Ernesto López, Juan López Chorne, Pablo Martínez, José Paradiso, Raúl Sánchez Antelo, Luis Tibiletti y Juan Gabriel Tokatlian. Podrá decirse que muchos de ellos tuvieron y tienen simpatías por el gobierno anterior. Sin embargo, se sumaron a esta iniciativa personas a quienes el kirchnerismo les cayó francamente mal, como Beatriz Sarlo, Dante Caputo, Victoria Donda, Gabriel Puricelli, Roberto Gargarella, Manuel Garrido, Carlos Gabetta o Maristella Svampa. Lo sano de una sociedad de disenso es que cuando se apunta a vulnerar derechos básicos, la idea de "los propios y los ajenos" se hace añicos. Le pasó al kirchnerismo a mediados de 2007 con la llamada ley antiterrorista promovida por el GAFI (Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Activos) que encubre la persecución a la protesta. El gobierno anterior no fue eficaz en evitar la fuga de activos (el dinero salido del circuito legal es, según el economista Jorge Gaggero, casi equivalente al PBI de un año de la Argentina, algo así como 400 mil millones de dólares) aunque, es bueno recordarlo, en muy pocas ocasiones reprimió reclamos obreros y populares. Antes bien, promovió el diálogo. Podrá decirse que "coptó" dirigentes y movimientos políticos. Es cierto, y les dio privilegios a quienes adherían al FPV. Pero también recibieron recursos públicos organizaciones de desocupados y de movimientos vinculados a la izquierda no K. Cabe consignar que en estos últimos dos años en la Ciudad de Buenos Aires el propio Mauricio Macri ensayó, y con éxito, el diálogo con organizaciones villeras. De la persecución de la UCEP, el macrismo pasó a dar recursos a las cooperativas de las villas porteñas con lo cual se mejoró notablemente la urbanización, la construcción de pasillos de material y, sobre todo, de cloacas y de obras de agua potable. Maximiliano Sahonero, descendiente de bolivianos y habitante de la Villa 20, es un dirigente del PRO respetado por líderes villeros de otros espacios políticos.
Volviendo al decreto de Macri, según los firmantes, "expresa un enfoque que considera que el narcotráfico es la principal amenaza a la seguridad de los argentinos y lo transforma en la explicación de los problemas relacionados con el delito y la violencia". Quienes votaron a Cambiemos y conocen la vida de las barriadas saben cómo son las mafias y sus vínculos con jefes policiales, jueces, fiscales y punteros políticos. Quienes se cansaron de Cristina y prefirieron a Macri pero tienen que visitar a un familiar en la cárcel, saben quiénes venden la droga en los penales -funcionarios penitenciarios- o las vergonzosas propuestas que les hacen a las esposas o madres de los presos. La degradación de las llamadas instituciones se huele en los barrios pobres. Pero, atención, la plata grande se maneja desde el poder.
En una dirección distinta, los firmantes de este documento apuntan que "sin tener ningún diagnóstico, la emergencia hace foco en la frontera norte como causa principal de los problemas del narcotráfico y decide concentrar allí los recursos con un enfoque de corte militarista. Ya se ha demostrado que este camino no tiene capacidad para desarmar el complejo mercado de las drogas ilegales, ni su tejido con las instituciones estatales involucradas en las redes de ilegalidad. En cambio, sobran pruebas de su capacidad para incrementar los niveles de violencia y las violaciones a los derechos humanos".
Respecto de si este decreto es o no una alineación con las políticas de seguridad promovidas desde el principal mercado de consumo de drogas ilícitas (Estados Unidos), los firmantes advierten que el decreto "inscribe a las políticas para enfrentar (al narcotráfico) en el modelo de las nuevas amenazas que EEUU prescribe para América Latina pero que no aplica en su propio territorio. Asimilar el narcotráfico a una agresión militar extranjera lo coloca por encima de otros delitos tanto o más violentos como la comercialización ilegal de armas de fuego. Como consecuencia de este paradigma, se le atribuyen a las Fuerzas Armadas nuevas facultades para intervenir en cuestiones de seguridad pública y no de defensa nacional. Esta decisión produce un quiebre en la distinción entre seguridad interior y defensa nacional que ya se había debilitado en el gobierno anterior".
Por último, subraya que "esta medida es inconstitucional desde el momento en que constituye una pena de muerte sumaria encubierta, en contradicción con el Pacto de San José de Costa Rica, con jerarquía constitucional. Las experiencias internacionales han demostrado que la intervención militar contra el narcotráfico no produce ningún efecto beneficioso, sólo contribuye a una escalada de la violencia. La emergencia no reconoce las principales deficiencias del sistema de seguridad como la falta de profesionalización y de reforma de las fuerzas policiales para que dejen de ser un engranaje fundamental de los mercados ilegales ni la degradación de los sistemas penitenciarios y las deplorables condiciones de detención. En lugar de ello, se habilitan una serie de procedimientos de excepción para aumentar el número de efectivos policiales y dotarlos de mayor poder de fuego".
Es posible que una parte de la sociedad hoy no valore debidamente la importancia de promover políticas no punitivas. Quizá muchos años de un mismo signo político hagan perder de vista que la Argentina -y toda la región- pierden ventajas comparativas en el comercio internacional y desde distintos centros de poder se promueve el ajuste para hacer más atractiva la inversión externa. La ilusión del autoritarismo no debe naturalizarse en un país con la historia reciente que castigó a gran parte de la sociedad argentina. Se acercan condiciones para el debate serio y valiente cuando se inicien las sesiones ordinarias del Congreso. Se acerca el 40 aniversario del último golpe de Estado y la memoria de la última dictadura, como todos los 24 de marzo, será una oportunidad para saber cuántos y quiénes recuerdan aquel grito del fiscal Strassera en el juicio a las Juntas: Nunca más.
