La Cámara Federal de Casación Penal apartó al camarista Roberto Boico de la causa en la que se investigan las supuestas presiones del Gobierno de Mauricio Macri contra el Grupo Indalo, luego de que la defensa del exmandatario lo recusara por las declaraciones públicas que hizo el magistrado antes de asumir el cargo.
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El expresidente Macri había manifestado, a través de sus abogados, un supuesto temor de parcialidad en relación a Boico porque cuando se desempeñaba como abogado de exfuncionarios de gobiernos kirchneristas hizo referencias al supuesto "lawfare" desplegado en Argentina contra dirigentes opositores durante el gobierno de Cambiemos.
Los jueces de la Sala III del máximo tribunal penal decidieron "hacer lugar al recurso de casación interpuesto, casar la resolución dictada por la Cámara Federal, hacer lugar a la recusación planteada, apartar del conocimiento de la causa al juez Roberto Boico", según surge de la resolución de 13 páginas dada a conocer este miércoles.
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El fallo lleva la firma de los jueces Eduardo Riggi, Juan Carlos Gemignani y Diego Barroetaveña y en la práctica implica que la Sala II de la Cámara Federal porteña, tribunal que revisa los fallos de primera instancia, deberá integrarse para este caso en particular con un juez que intervenga en lugar de Boico.
Los jueces de Casación señalaron en su fallo que a la hora de decidir el apartamiento de Boico lo hicieron en base a las declaraciones públicas que hiciera cuando se desempeñaba como abogado, pero descartaron que el haber sido defensor de la vicepresidenta Cristina Fernandez de Kirchner o del senador Oscar Parrilli fueran elementos fundamentales a la hora de evaluar su imparcialidad.
Los jueces citaron un reportaje en el que Boico sostuvo que en la Argentina existía un "esquema totalmente aceitado y perverso de manipulación de la opinión pública y de las causas judiciales" al que vinculó con el entonces gobierno de Juntos por el Cambio, según surge del fallo.
"De una lectura integral de esos reportajes, insistimos, se demuestra que el Dr. Boico consideraba que la administración de Mauricio Macri -conjuntamente con ciertos sectores del Poder Judicial- había montado una estructura de persecución política y judicial o lawfare contra opositores de ese gobierno; y este extremo, efectivamente, constituye una de las hipótesis que plantean los acusadores en este legajo", sostuvieron los jueces de Casación.
En esta causa, en la que intervienen la jueza María Servini y el fiscal Guillermo Marijuan, se investigan "diferentes actos llevados a cabo por funcionarios públicos desde las altas esferas del Ejecutivo o a instancias de aquellos que, mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción", según surge del expediente.
Con el fallo de hoy la Cámara de Casación revirtió un fallo del camarista federal Martín Irurzun, que había confirmado a su colega Boico en el expediente.
