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Alertan que hay más de 10 mil personas en situación de calle en CABA

En paralelo, los presupuestos se desploman y subejecutan. Organizaciones advierten por “patotas” oficiales que violentan y expulsan. La pelea quijotesca de cooperativas y mutuales por cubrir las falencias de un Estado negligente.

Organizaciones sociales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires denunciaron recientemente el accionar represivo del gobierno porteño, que a través del Ministerio de Higiene Urbana aumentó notablemente los desalojos a las personas que viven en la calle.

En 2021, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GBCA) reveló que de cada 1200 porteños, uno está en situación de calle; es decir, habría un total de 2753 personas sin hogar en toda la Ciudad. Sin embargo, un censo privado realizado en 2019 aseguró que existen, aproximadamente, 7251 personas que viven en estas condiciones.

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En relación con los desalojos recientes, la presidenta de Ciudad sin techo, Claudia Enrich, expresó en diálogo con ANSOL: “Son realizados por Higiene Urbana, Recolección de basura y la Policía Metropolitana, en principio, que van a donde están las personas en situación de calle, los riegan, tiran sus colchones y demás pertenencias. Si hay niños y niñas, son llevados a otros dispositivos para ser dados en adopción. Es el negocio de la pobreza cuando empieza el frío, represión a la vieja usanza de los años setenta”.

Sin embargo, Enrich destacó el potencial del cooperativismo para reponer el abandono gubernamental: “Por suerte, estamos armando cooperativas de trabajo, donde se dan talleres en una granja con algunos animales y un pequeño invernáculo con maíz, tomate, ajíes. Es reinsertar y recuperar a quienes han sido expulsados”.

“Uno de nuestros espacios queda en Alejandro Korn, donde disponemos de 7 hectáreas. En cuanto a construcción de viviendas, es más complejo. Por ahora, este predio tiene capacidad para cerca de 30 personas fijas, pero hay lugar suficiente para construir y generar más espacio. Lamentablemente, se duplicó la cantidad de personas en situación de calle en la Ciudad”, especificó.

En la misma línea, Horacio Ávila, referente de Proyecto 7, refirió a las similitudes entre el accionar del GCBA y la vieja Unidad de Control del Espacio Público (UCEP): “Higiene Urbana tiene un rol interventor muy perverso, con mangueras de mucha presión y agua fría. Cuando esto pasa a la madrugada, las personas no tienen otra alternativa más que levantar sus cosas e irse. Las ultimas camionetas que han aparecido son bastantes preocupantes porque nos retrotraen a la época de la UCEP, donde inclusive el ex presidente tuvo una causa por ser el mentor ideológico y político”.

Sobre el crecimiento de la población sin vivienda en la Ciudad, Ávila apuntó contra las cifras oficiales: “Desde Proyecto 7, creemos que hoy por hoy el crecimiento fue exponencial, de más de un 30%, hablamos de diez mil personas en situación de calle solo en la Ciudad de Buenos Aires. No sabemos qué datos arrojará el Censo Nacional pero creemos que seguramente será absolutamente mentiroso. Todos los registros están muy lejanos de la realidad que nos toca trabajar cotidianamente”.

Por último, refirió al presente precario de la ley de Políticas de Acceso a la Vivienda: “Hemos intentado varias veces formar cooperativas de viviendas, pero no se ha podido hacer porque la ley 341 no está funcionando a pleno como debería. En CABA, no tiene presupuesto adjudicado, es prácticamente nulo”.

 

La Ley 341, 20 años en caída libre

En febrero del año 2000, se promulgó la Ley 341 de la Ciudad de Buenos Aires, creada con el objetivo de “instrumentar políticas de acceso a vivienda para uso exclusivo y permanente de hogares de escasos recursos en situación crítica habitacional, asumidos como destinatarios individuales o incorporadas en procesos de organización colectiva verificables, a través de cooperativas, mutuales o asociaciones civiles sin fines de lucro, mediante subsidios o créditos con garantía hipotecaria”. La idea original de la normativa en el gobierno de Ibarra era destinar el crédito a la compra de vivienda multifamiliar, obra de ampliación o refacción o habilitación edilicia.

Sin embargo, a más de 20 años de sancionada la Ley y en una Ciudad con miles de personas en situación de calle y casi un millón de inquilinos, la inversión en construcción detallada en el Plan PluriAnual de Inversiones se reduce de los $ 127.055.956 de 2021 en un 30% en la proyección de este año y más de un 60% para el 2023. En materia de créditos, el propio presupuesto destaca una meta de alcance en su otorgamiento de 4.418 personas, con algo más de 150 millones de pesos -algo más de un millón de dólares a tipo de cambio oficial- y en la verificación de la ejecución presupuestaria se revela al primer trimestre un desembolso de fondos equivalente al 25% de lo proyectado.

Uno de los elementos que denotan la insignificancia de este presupuesto es compararlo con el programa 104 de Reintegración, Integración y Transformación de Villas: lo destinado a la 341 es apenas el 3% de esos fondos para asistir a otras personas con situación crítica habitacional y de problemas de vivienda.

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES
Reducción de presupuesto en 2022: 30%
Reducción de presupuesto para 2023: 60%
Ejecución presupuestaria 2022: 25%

 

Chubut: una experiencia mutual exitosa

En el resto del país, mutuales y cooperativas de trabajo fomentan programas de construcción de hogares para personas en situación de calle.

Es el caso del territorio chubutense, donde la Federación Mutual de Chubut (FAMUCH) promueve, junto al gobierno municipal de Trelew, el programa “Vivir Mejor” que consiste en la entrega de módulos de vivienda de emergencia a familias humildes.

En diálogo con ANSOL,  el presidente de FAMUCH, Hugo Schvemmer, habló sobre esta experiencia: “El proyecto posibilitó  la construcción de Unidades Habitacionales de Emergencia para cinco familias muy vulnerables, junto a la reparación de techos y paredes de otras cinco más”.

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Además, resaltó la articulación entre los diversos actores de la sociedad: “Los factores que posibilitaron esta experiencia fueron  una articulación mancomunada del sector público y privado. Hubo aportes económico del sector privado, (empresas y ONGS), hubo una selección conjunta con el Estado municipal, un movimiento social junto a una cooperativa de trabajo aportaron la mano de obra de forma gratuita y FAMUCH aportó fondos y se ocupó de toda la logística”.

“Los fondos aportados estuvieron destinados a sectores con alta vulnerabilidad social (bajo la línea de pobreza o indigencia), con la finalidad de mejorar las condiciones materiales y simbólicas de vida, en el marco de la inclusión social de la ciudad de Trelew. En la actualidad, la inflación hizo que el programa se detenga, previendo retomarlo en condiciones más propicias o si se abrieran otras posibilidades de financiación para estos fines”, concluyó.



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