Este viernes, la familia de Pablo Grillo, el fotógrafo gravemente herido durante la represión de la marcha de los jubilados el 12 de marzo, se presentó como querellante en la causa judicial ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 1. Acompañados por las abogadas Paula Litvachky y Claudia Cesaroni, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, respectivamente, solicitan que se determinen las responsabilidades penales relacionadas con la represión policial de ese día.
Solicitud de medidas de prueba y responsabilidades políticas
En un escrito presentado ante la Justicia, la familia Grillo, compuesta por madre, padre y hermano, exigió medidas de prueba para esclarecer los hechos y atribuir responsabilidades. A través de la denuncia, apuntan al cabo primero Guerrero, quien se considera responsable de lo ocurrido, catalogando su acción como una tentativa de homicidio agravado. En declaraciones públicas, la abogada Claudia Cesaroni explicó: “Señalamos la responsabilidad, por lo que tenemos hasta ahora, del cabo primero Guerrero, en lo que definimos como una tentativa de homicidio agravado”.
El escrito presentado de 22 páginas también solicita que se investigue la responsabilidad de las autoridades políticas encargadas de garantizar que una manifestación se desarrolle sin violencia. En este caso, se busca esclarecer si hubo negligencia en la cadena de mando que permitió el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.
El ataque a Pablo Grillo y el contexto de la protesta
El 12 de marzo de 2025, Pablo Grillo, un fotoreportero de Lanús, cubría una marcha en defensa de los derechos de los jubilados. Aquel día, miles de personas, incluyendo hinchas de fútbol, organizaciones políticas, sociales y sindicales, se reunieron frente al Congreso. Desde temprano, se registraron actos de represión por parte de las fuerzas de seguridad. A las 17:18, Grillo recibió un impacto directo en la cabeza de una granada de gas lacrimógeno disparada por un gendarme. El fotógrafo quedó inconsciente en plena vía pública y fue auxiliado por militantes hasta ser trasladado al Hospital Ramos Mejía, donde permanece internado.
Investigación sobre el accionar de la Gendarmería
La familia Grillo exige que se investigue exhaustivamente el ataque sufrido por Pablo, al considerarlo una víctima de un delito de acción pública. Entre las medidas solicitadas, destacan la obtención de pruebas como las modulaciones de los equipos de comunicación del personal desplegado ese día, el listado completo de los efectivos de la Gendarmería involucrados, y los protocolos de actuación establecidos para el operativo. También se busca acceder a las comunicaciones radiales, órdenes de servicio y detalles sobre el uso de armamento y municiones.
Además, las abogadas Litvachky y Cesaroni señalaron que la investigación independiente realizada por Mapa de la Policía permitió identificar a Guerrero como el autor del disparo. En ese sentido, pidieron que se convoque al gendarme a declarar en calidad de imputado por tentativa de homicidio agravado, abuso funcional, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La causa judicial y el futuro de la investigación
A pesar de la gravedad de los hechos, la causa aún no registra medidas de prueba significativas, y la familia Grillo denunció que se encuentra en un "limbo judicial". Más de una semana después de los hechos, los jueces federales aún no se han hecho cargo de la investigación, lo que ha generado indignación entre los familiares y sus representantes legales.
Actualmente, la causa se encuentra en el Juzgado Federal N°12, que está vacante y subrogado por el juez Ariel Lijo, quien fue elegido por el Ejecutivo nacional para integrar la Corte Suprema. La jueza María Servini, quien inicialmente estuvo a cargo, declinó la competencia, lo que derivó en un sorteo judicial. La falta de avances significativos y de medidas de prueba en este caso sigue generando incertidumbre sobre el curso de la investigación.