La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) insistió en la importancia de que el sector salud y las entidades que controlan a las obras sociales y prepagas cuenten "con profesionales suficientes y con la preparación necesaria para garantizar la cobertura de los apoyos que requieran los alumnos y alumnas con discapacidad de acuerdo a la normativa vigente".
Porque, según una encuesta, el panorama podría describirse como desolador: niñas, niños y jóvenes con discapacidad no solo deben enfrentar las particularidades de sus casos sino que, también, sufren porque no pueden acceder a los servicios que necesitan.
En ese sentido, la ACIJ reclamó que se asegure el reintegro de gastos en los que incurran las personas afiliadas para la cobertura de profesionales y prestaciones no comprendidas en sus cartillas, contemplando asimismo actualizaciones por demoras en los pagos.
Respecto a la tardanza y los trámites pide "autorizar las coberturas requeridas de forma oportuna en todos los casos, evitando la introducción de procedimientos administrativos dilatorios o la imposición de requisitos innecesarios para la tramitación de las prestaciones".
Al organo responsable, la Superintendencia de Servicios de Salud, le sugieren: "Sancionar a aquellas entidades que no cumplan con la cobertura del personal de apoyo en la escuela común, o lo hagan de forma irregular o fragmentada. y establecer mecanismos para la distribución de fondos entre las obras sociales y empresas de medicina prepaga que aseguren una cobertura apropiada de las prestaciones previstas en la ley 24.901.
SIN RESPUESTAS
La inexistencia de mecanismos eficientes para dar respuesta a este tipo de situaciones, lo que pone en riesgo el derecho a la educación de las personas con discapacidad y, por lo tanto, viola la normativa nacional y local.
Durante fines del año 2019, ACIJ realizó un relevamiento de las barreras que enfrentan personas con discapacidad y a sus familias. Luego, a partir de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en abril de 2020, se lanzó una segunda encuesta, a fin de analizar el impacto.
El trabajo se realizó a partir de encuestas difundidas por redes sociales en entre las 24 jurisdicciones argentinas, principalmente entre la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chubut y Neuquén.
Los principales inconvenientes identificados fueron las demoras en abonar los honorarios de los y las profesionales, obligando a la familia a pagarlos por su cuenta (37,2%).
La falta de autorización de la prestación a tiempo (30,2%), el rechazo de la cobertura de la prestación por el tiempo que el alumno o alumna con discapacidad lo necesitaba (26,7%) , la falta de cobertura del tipo de profesional requerido (24,4%), también la falta del tipo de profesional requerido (14%) y la interrupción de la cobertura de la prestación sin justificación (8,1%).
El 81,2% afirmó haber realizado reclamos al respecto, principalmente ante la obra social o prepaga (68,6%), ante el Ministerio de Educación de la Nación o su equivalente a nivel local (25,7%), ante la Superintendencia de Servicios de Salud (24,3%) o en sede judicial (18,6%).
Algunas personas también expresaron haber recurrido al Ministerio de Salud, a la Defensoría del Pueblo, al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), al Equipo de Orientación Escolar, a las autoridades del sistema educativo o de la escuela a la que asistía la niña o niño, a servicios de Defensa al consumidor y al centro que brindaba el apoyo.
Por su parte, un 45,7% de las personas encuestadas indicó que no logró resolver el problema luego de realizar el reclamo, mientras que un 28,6% indicó que se resolvió en forma parcial (en muchos casos indicando que, por ejemplo, continúan los retrasos en los pagos a las y los profesionales), y el restante 25,7% que sí pudo resolverlo.
